Política | El Senado de Entre Ríos dio un paso importante al aprobar cambios en la Ley de Obras Públicas y el Código Contencioso Administrativo. Los cambios buscan trasladar los litigios con empresas al fuero Contencioso Administrativo. La iniciativa, ahora en manos de la Cámara de Diputados, redefine el tratamiento de los certificados de obra pública y sus mecanismos de cobro.
Este martes, la Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró su 11ª Sesión Ordinaria del 145º Período Legislativo, durante la cual se aprobó un proyecto de ley que introduce modificaciones significativas en la Ley de Obras Públicas (Ley N° 6.351) y en el Código Contencioso Administrativo (Ley N° 7.061).
La medida, impulsada por la administración de Rogelio Frigerio, ahora deberá ser revisada por la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El proyecto se enfoca en trasladar los litigios relacionados con los certificados de obra pública al fuero Contencioso Administrativo, en lugar de permitir su cobro a través de procesos judiciales que actualmente favorecen la ejecución rápida de estos certificados.
En particular, el artículo 1° del proyecto modifica el artículo 52° de la Ley N° 6.351, especificando que los certificados emitidos por la Administración al contratista no tendrán carácter de título ejecutivo.
En consecuencia, su cobro deberá ser demandado ante el fuero Contencioso Administrativo. Además, se establece que cualquier observación del contratista sobre los certificados no eximirá a la Administración de pagar la suma líquida reconocida dentro de los plazos establecidos.
La modificación también incluye un cambio en el artículo 2° del Código Contencioso Administrativo, incorporando un nuevo inciso d) que aborda específicamente los actos que resuelven pretensiones de cobro de certificados de obra pública.
El Senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos Por Entre Ríos) destacó la importancia de este proyecto, subrayando que las modificaciones tienen un impacto significativo en los procedimientos administrativos relacionados con la contratación y construcción de obras públicas.
Según Dal Molín, estas modificaciones buscan ajustar el sistema legal para evitar procesos de cobro que permitan un embargo rápido de las cuentas provinciales, lo cual podría traer inconvenientes considerables.
El Senador aclaró que, con esta reforma, los certificados seguirán siendo créditos documentados que otorgan derechos de cobro, reajuste e intereses por mora al contratista.
Sin embargo, enfatizó que la modificación es necesaria en el contexto de los desafíos actuales, donde es fundamental tomar medidas prudentes ante la incertidumbre económica.
Con esta aprobación, Entre Ríos avanza hacia una reestructuración de su marco legal en la gestión de obras públicas, promoviendo un manejo más equilibrado y menos susceptible a embargos inmediatos.
La atención ahora se dirige a la Cámara de Diputados, donde se definirá el destino final de esta importante iniciativa.
