Las licencias médicas docentes superan el límite permiti

El artículo 15 de la Ley de Presupuesto 2008 establece que “el costo de la planta de personal docente suplente deberá tender a mantenerse dentro del ocho por ciento del costo del plantel docente permanente, aunque en la práctica está por encima de ese índice, y llega al 11,5 por ciento. La presidenta del CGE reconoció la necesidad de bajar ese porcentaje por lo que se pretende conformar de juntas médicas por departamento. Actualmente existe una junta médica única en toda la provincia que se encarga de extender certificados de altas médicas a los casi 60.000 agentes que dependen del Estado provincial. Pero en el caso de educación, esa situación se convierte en un cuello de botella: un docente con licencia por enfermedad, cuando desea volver al aula debe contar con el alta médica. Pero ese trámite suele demorar más de un mes. En ese tiempo, el CGE debe pagar el salario de un suplente que reemplaza al docente titular. “Nosotros estamos pagando un mes más de suplentes por demoras en la Junta Médica”, explicó a El Diariola titular del CGE, Graciela Bar. Si bien el organismo contrató a tres médicos en 2007 para auxiliar a la Junta Médica, reconoció que el retraso en producir altas es considerable. Y justificó la decisión de descentralizar las juntas médicas en la necesidad de optimizar recursos para destinarlos a inversión y aumento salarial de los docentes. “Si nosotros gastáramos menos en suplentes, podríamos tener un presupuesto mayor y podríamos aumentar el sueldo de los docentes”, argumentó. Además, la funcionaria puso de manifiesto que en las escuelas públicas el nivel de suplencias es más alto que en los institutos de enseñanza privados que subsidia el Estado provincial: en los primeros ronda el 11,5 por ciento, y en los segundos, el 6,7 por ciento. No obstante, aclaró que el cambio no será inmediato, ya que “esto no se puede hacer de un día para el otro. Esto es un proyecto del CGE que deberá contar con el acompañamiento del Poder Ejecutivo para su implementación. Hoy nos enfrentamos al hecho de que la provincia tiene 11 médicos escolares en los distintos departamentos, pero carecemos de los especialistas necesarios para atender las enfermedades más comunes. No contamos con traumatólogos ni con psiquiatras, ya que la mayoría de las enfermedades se relacionan con afecciones de la columna y el estrés”. También en la Legislatura se está tratando el tema ya que el diputado provincial Darío Argain (PJ-Villaguay) presentó un proyecto de creación de un equipo de control médico en el CGE para poner freno a las licencias. El legislador apuntó que “el año pasado se llegaba a un 40 por ciento de ausentismo con suplentes de suplentes, lo cual genera un devastamiento económico en el Consejo General de Educación y paralelamente, un resentimiento en el período lectivo de los alumnos”. En tanto, el presidente de la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada, Osvaldo Bodean, se mostró contrario al establecimiento por ley de un tope máximo para el pago de licencias docentes. En ese sentido, dijo que para evitar que tantos docentes se enfermen, “habría que mejorar las condiciones de trabajo”, aunque aceptó la necesidad de establecer “algún tipo de control” sobre las ausencias en la escuela. Las escuelas públicas de gestión privada, que representan el 25 por ciento de la oferta educativa en Entre Ríos, son subsidiadas por el Estado para el pago de salarios. Y también les cabe el tope del ocho por ciento que fija la Ley de Presupuesto para las licencias. Pero según dice Bodean, en algunos casos, como las escuelas ubicadas en zonas periféricas, ese corsé financiero las obliga a generar recursos propios para abonar salarios del personal suplente. Y en algunos casos, eso provoca un desfase financiero. “Por eso, nosotros creemos necesario encontrar los caminos apropiados para disminuir la cantidad de suplencias. No entendemos que sea el camino más idóneo fijar un tope del ocho por ciento. Hay casos reales de enfermedades de larga duración, pero que al verse superadas las escuelas por el ocho por ciento se plantean dificultades a la hora de pagar salarios al suplente”, añadió el dirigente. Por último, Bodean destacó que “nosotros queremos un uso racional de los fondos para salarios, y que las suplencias sean las que deben ser. Lo que cuestionamos es el tope, aplicado en forma irrestricta, como mecanismo para resolver un problema más complejo, como es la enfermedad del docente. Por eso, pedimos políticas a más largo plazo que atiendan a la complejidad de la tarea docente y sobre todo al deterioro de las condiciones de trabajo en la escuela”.