Judiciales | Abogados entrerrianos presentaron un hábeas corpus contra el decreto que amplía facultades a los servicios de inteligencia y cuestionan la posibilidad de detenciones sin orden judicial; tras el rechazo inicial de la Justicia federal, anunciaron que elevarán el planteo al máximo tribunal.
Una presentación judicial contra la reciente modificación de la Ley de Inteligencia sumó este jueves un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de las facultades de los servicios de inteligencia del Estado.
Los abogados Rubén Pagliotto, Raymundo Artur Kisser y Armando Rafael Aquino Britos encabezaron, este miércoles, un hábeas corpus colectivo con el objetivo de impugnar el decreto de necesidad y urgencia (DNU 941/2025) que —según los denunciantes— faculta a agentes de inteligencia a detener personas sin orden judicial en determinadas circunstancias.
La presentación, que tuvo como eje central la preocupación por el carácter preventivo de las facultades otorgadas, sostiene que la nueva normativa convierte a estos agentes en una fuerza con potestades de policía, algo que —a su juicio— contraviene los principios establecidos en la Constitución Nacional.
Sin embargo, el Juez Federal de Paraná, Daniel Alonso, rechazó el recurso presentado durante la feria judicial. En su fallo, consideró que la acción no demostró la existencia de una amenaza “cierta, concreta o inminente” a la libertad ambulatoria de los ciudadanos, un requisito para que un hábeas corpus prospere.
Ante esa decisión, los letrados anunciaron que llevarán el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confiando en que el máximo tribunal federal pueda revisar los fundamentos del decreto y analizar la posible inconstitucionalidad de las facultades otorgadas por el Poder Ejecutivo.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición también se expresaron en contra de la reforma impulsada por el Gobierno, advirtiendo sobre los riesgos institucionales que implicaría ampliar las atribuciones de los servicios de inteligencia sin un control judicial estricto.
La controversia pone en el centro de la escena nuevamente el uso de decretos de necesidad y urgencia para introducir cambios normativos de impacto profundo, y anticipa que el debate judicial y político continuará en los próximos días.
Fuente: AIM.
