Judiciales | Tal como la había anticipado el Gobernador, Rogelio Frigerio la provincia recurre a la Justicia para que Nación salde una deuda que asciende a los 175 millones de dólares, derivados de los excedentes de la represa hidroeléctrica Salto Grande.
El Gobierno de Entre Ríos ha presentado una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que solicita un ajuste de 175 millones de dólares en concepto de retroactivo por los excedentes generados por la represa Salto Grande.
La provincia argumenta que el valor reconocido por la energía producida en Salto Grande es el más bajo de todas las hidroeléctricas del país, lo que afecta directamente los recursos que corresponden a Entre Ríos, Corrientes y Misiones, las provincias involucradas en la gestión de la represa binacional.
Esta nueva acción judicial se enmarca dentro de las presentaciones previas realizadas por el Gobernador Rogelio Frigerio, las cuales han sido las primeras de su tipo en la historia de la provincia.
La demanda tiene como objetivo principal "recomponer la ecuación económico-financiera de los acuerdos de 1999 que establecieron los excedentes de la represa", y también busca "modificar la forma en que la Secretaría de Energía de la Nación determina el precio de la energía para las represas hidroeléctricas binacionales", explicó el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien brindó detalles del proceso en una conferencia de prensa junto a la Secretaria de Energía, Noelia Zapata.
Según los funcionarios, la energía generada por Salto Grande se reconoce como la más barata del país, incluso por debajo de la que produce Yacyretá. Esta disparidad se debe a que, desde la Secretaría de Energía de la Nación, no se ha respetado el marco de los acuerdos de 1999, lo que ha llevado a que el precio fijado para la energía de Salto Grande sea inferior al que corresponde, afectando directamente los excedentes generados por la represa.
Los excedentes de Salto Grande son el resultado de la diferencia entre el costo que la Nación paga por la energía generada y los gastos operativos de la Comisión Técnica Mixta (CTM), la entidad encargada de la administración de la represa. Estos excedentes deben distribuirse entre las provincias que participan en su gestión: Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Sin embargo, según el Fiscal, el precio bajo de la energía no está generando los excedentes previstos, lo que compromete los acuerdos originales. La demanda presentada por el Gobierno provincial tiene como objetivos clave la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones emitidas desde 2013, que fijaron el precio actual y que la provincia considera "perjudiciales".
Además, se busca que la Nación dicte nuevas resoluciones que establezcan un precio justo, acorde con los acuerdos de 1999, para poder cumplir con la distribución de los excedentes entre las provincias. Asimismo, la provincia reclama el reconocimiento de una deuda por obras no realizadas, cuyo monto asciende a 175 millones de dólares.
Estas obras, según el Gobierno provincial, fueron parte de los compromisos asumidos por la Nación como parte de los acuerdos que regulan la explotación de la represa. Por su parte, Noelia Zapata, Secretaria de Energía de Entre Ríos, calificó la demanda como "fundamental" para defender los intereses de los entrerrianos.
"Es una acción legal que busca equilibrar una situación injusta que persiste desde hace años y que afecta el desarrollo de la provincia", afirmó.
Con esta nueva demanda, Entre Ríos busca una revisión de las condiciones que rigen la energía generada por Salto Grande, un tema que sigue siendo un punto de conflicto entre la Nación y las provincias del litoral, y que podría tener repercusiones importantes en la economía de la región.
