Política | Este jueves durante la la primera sesión de prórroga, del 145º período legislativo de la Legislatura entrerriana, presidida por Gustavo Hein los Diputados aprobaron con fuerza de Ley el proyecto denominado “Buenas prácticas en materia de fitosanitarios en Entre Ríos”.
La Cámara de Diputados sancionó este jueves la Ley de Buenas Prácticas de Fitosanitarios, una normativa clave para regular el uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos.
La sanción se produjo con la presencia de ambientalistas y productores en el recinto, aunque la votación no fue unánime.
El bloque Más para Entre Ríos manifestó su desacuerdo con algunos aspectos del proyecto y decidió no respaldarlo en su totalidad.
La nueva norma tiene como objetivo garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, proteger la salud de las personas y el ambiente, y promover una producción agrícola sustentable que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural.
A partir de ahora, la provincia contará con un marco normativo que regirá las buenas prácticas en el uso de fitosanitarios.
El Diputado socialista Juan Rossi destacó la importancia de la Ley, señalando que, después de 44 años, la normativa coloca a Entre Ríos “en una muy buena posición para avanzar hacia una producción sustentable”.
Rossi también aclaró que las reformas realizadas en el Senado fueron de carácter técnico, sin cambios sustanciales al texto original. Entre las principales medidas que contempla la Ley, subrayó la implementación de "cortinas vegetales" en asentamientos rurales con población y la creación de un cuerpo de inspectores provinciales para controlar el cumplimiento de la norma.
La Ley define las buenas prácticas de fitosanitarios como el conjunto de conocimientos, técnicas y prácticas orientadas a asegurar que los productos fitosanitarios sean aplicados de manera efectiva, respetando tanto la salud humana como el ambiente.
Además, establece la creación de un Consejo Asesor de Fitosanitarios, encargado de asesorar a las autoridades competentes, y un Fondo Fitosanitario Entrerriano, destinado a garantizar el cumplimiento de la Ley.
También se implementará un sistema de Registros digitales y públicos para la inscripción de importadores, vendedores y aplicadores de fitosanitarios.
A pesar del apoyo de sectores gubernamentales y ambientales, la Ley generó manifestaciones en rechazo, principalmente por parte de quienes consideran que la regulación limita la libertad de acción de los productores agropecuarios.
Sin embargo, para el oficialismo, este es un paso fundamental hacia una agricultura más responsable y equilibrada.
