Judiciales | Cuatro ex funcionarios entrerrianos aceptaron un juicio abreviado en la causa que investiga el desvío de fondos del Programa Jóvenes Emprendedores. Además de la pena de prisión en suspenso, fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos y deberán resarcir económicamente al Estado provincial.
Exfuncionarios imputados en la causa que investiga el desvío de fondos del Programa Jóvenes Emprendedores del Gobierno de Entre Ríos de Gustavo Bordet aceptaron un juicio abreviado, mediante el cual reconocieron su responsabilidad en la maniobra, acordando cumplir penas de prisión condicional y devolver al Estado provincial más de 100 millones de pesos.
La audiencia se realizó este lunes ante el Juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, y tuvo como protagonistas al exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Fernando Gebhart; los exfuncionarios Cristian Silvestre Klein y Claudio Alberto Rosas Vico; y Alejandro David Usatinsky, señalado como colaborador en la operatoria investigada.
Los cuatro aceptaron una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago solidario de 100.886.792 pesos en concepto de reparación económica por el perjuicio ocasionado al Estado.
El magistrado anunciará la sentencia en los próximos días hábiles. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, entre 2018 y 2023, se implementó un mecanismo para desviar fondos públicos mediante la simulación de 319 créditos destinados al Programa de Promoción del Emprendedorismo Joven Entrerriano.
La maniobra consistía en tramitar préstamos utilizando emprendimientos inexistentes, prestanombres o identidades de personas que desconocían por completo las operaciones realizadas a su nombre.
La acusación sostuvo que los entonces funcionarios aprovecharon las funciones que desempeñaban para intervenir en la aprobación, tramitación y control de los créditos, facilitando un esquema que permitió el desvío sistemático de recursos públicos destinados a fomentar proyectos productivos de jóvenes emprendedores.
Durante la investigación también surgieron casos de personas que descubrieron que figuraban como beneficiarias de préstamos que nunca habían solicitado y que incluso registraban deudas con el Estado.
Las irregularidades fueron detectadas inicialmente por auditorías del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, cuyos informes dieron origen a la investigación penal. Además de la reparación económica, los condenados deberán realizar 96 horas anuales de trabajos comunitarios no remunerados en instituciones de bien público.
No obstante, desde la Fiscalía de Estado se aclaró que el proceso civil continuará, ya que el monto acordado corresponde únicamente al dinero determinado en la investigación penal y no contempla la actualización monetaria ni eventuales nuevos casos que puedan surgir durante las auditorías en curso.
Fuente: José Amado/Análisis.
