Senado aprobó proyecto sobre financiamiento político

El Senado aprobó este martes y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos que habilita a las empresas a realizar aportes de campaña, pero el peronismo no logró incorporar a los sindicatos como sujetos habilitados. Con 47 votos a favor y 2 en contra, la Cámara alta aprobó en general el proyecto que modifica la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos establece que las empresas podrán realizar aportes de campaña (algo prohibido por la normativa actual) por hasta el 2% de los gastos habilitados. La iniciativa se aprobó con los votos de Cambiemos, el bloque Justicialista y bancadas provinciales, mientras que Fernando “Pino” Solanas y Magdalena Odarda, del interbloque Río-Sur, se expresaron en contra y el kirchnerismo se ausentó. Durante la votación en particular, Cambiemos se opuso al artículo que impulsó el justicialismo para excluir a los sindicatos del listado de personas físicas y jurídicas que tienen prohibido aportar a las campañas electorales, de manera que hubieran quedado habilitados para hacerlo. Sin embargo, por tratarse de una ley electoral se requiere una mayoría de 37 votos para su aprobación y la bancada justicialista sólo consiguió 25. Al ser rechazado ese artículo, se sometió a votación el dictamen de Cambiemos que mantiene la prohibición sobre los sindicatos y el Bloque Justicialista optó por votar a favor para garantizar la mayoría de 37 votos y evitar que el proyecto saliera sin el artículo referido a las prohibiciones. No obstante, un grupo de legisladores justicialistas se opuso a esta alternativa: Daniel Lovera, José Mayans, José “Nato” Ojeda y Mario Pais votaron en contra del artículo propuesto por el dictamen de Cambiemos. El justicialista Dalmacio Mera fue el miembro informante del proyecto y destacó: “Con Diputados hemos consensuado que es necesario blanquear el aporte privado a las campañas políticas, con el tope del 2% para que ninguna fuerza pueda ser cooptada o necesite de dicho aporte”. Por su parte, la oficialista Inés Brizuela y Doria sostuvo que “la democracia no tiene precio pero tiene un costo y hay una necesidad de fortalecer los sistemas de control de financiamiento”. El jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, sostuvo a su turno que “cuando el ciudadano tiene conocimiento de manera pública sobre quiénes son las empresas que aportan a un frente electoral se reduce el margen del propio lobby a la hora de implementar una política pública”. El jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto, consideró que “quizás no es la mejor ley, pero es el comienzo de un sistema que tiene que ser más transparente, estar bancarizado” y sostuvo que sin este sistema, los empresarios “terminan todos en la causa cuadernos, donde también se refleja lo que es el aporte ilegal”. Solanas y Odarda justificaron su voto en contra del proyecto al señalar que la habilitación para que las empresas puedan aportar significa “la privatización de la política” y afirmar que “a la democracia la tiene que financiar el pueblo: es la única forma de tener un país soberano e independiente”.