Política | La hija del Capitán Viola celebró el reconocimiento oficial del atentado como crimen de lesa humanidad. María Fernanda Viola destacó como un gesto de hidalguía del presidente Javier Milei el acuerdo celebrado en Cancillería.
María Fernanda Viola, hija del Capitán Humberto Antonio Viola y sobreviviente del ataque perpetrado por el ERP en 1974, expresó su satisfacción tras el reconocimiento formal por parte del Gobierno Nacional de que dicho atentado constituye un crimen de lesa humanidad.
En una carta titulada “Cincuenta años de impunidad”, Viola celebró que el gobierno de Javier Milei haya reconocido "hidalgamente" este hecho, revirtiendo la postura mantenida hasta ahora por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El cambio de postura se produjo en un acuerdo de solución amistosa celebrado en la Cancillería, modificando la visión del gobierno anterior, que no reconocía el ataque en esa categoría.
"El atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad", afirma María Fernanda en su carta, que publicó Infobae.
En la misiva, también critica la actuación del gobierno de Alberto Fernández, señalando que el rechazo a la denuncia de su familia obedeció a una "visión sesgada e ideologizada" que niega el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Además, el gobierno se comprometió a impulsar un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de organizaciones terroristas.
Una vez homologado el acuerdo por la CIDH, la familia Viola buscará llevar a la justicia argentina a los autores directos e indirectos del crimen que aún no han sido condenados.
El 1 de diciembre de 1974, el Capitán Humberto Antonio Viola y su hija María Cristina, de tres años, fueron asesinados en San Miguel de Tucumán por el ERP.
María Fernanda, de cinco años, resultó gravemente herida. Tras el atentado, el ERP reconoció la muerte de la niña como "un exceso injustificable".
