Política y Economía | La Diputada oficialista Fernanda Vallejos quiere que el Estado se quede con una parte de las empresas que el Gobierno asiste en la pandemia.
En una serie de mensajes publicados desde sus redes sociales, la Diputada nacional, Fernanda Vallejos, planteó que si el Estado decide subsidiar a grandes grupos “que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”.
La legisladora parte por mencionar que “estamos ante una situación extraordinaria que, por la enorme cantidad de dificultades sanitarias, económicas y sociales que implica la pandemia, demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado”.
En esto, contemplando la necesidad de inyectar recursos, sostiene que “el Estado tiene dos grandes opciones: una es aplicar una política de transferencia de ingresos y distintos mecanismos de ayuda de carácter universal, el otro es asignar esos recursos sólo a quienes el Estado evalúa que los necesitan”.
Contemplando que a partir de políticas como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia otorgado por la ANSeS) el Gobierno nacional optó por esta segunda alternativa es que planteó que “los criterios aplicados para determinar quiénes acceden y quienes son excluidos de las ayudas, se tornan cruciales”.
“Esto es lo que ha ocurrido con el programa ATP, que paga parte de los salarios del sector privado. La noticia de que varios grupos económicos de los que se tiene conocimiento que han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales, etc., accedieron al ATP, plantea la necesidad de revisar esos criterios”, precisó al respecto.
En este sentido y atendiendo la posibilidad de que los recursos pueden no alcanzar para todos Vallejos consideró que “resulta injusto que empresas con probada capacidad y recursos propios para afrontar los salarios de los trabajadores, capturen recursos públicos que deberían servir para cualquier otro fin de primer orden”.
A partir de ello es que concluye su mensaje marcando las dos consideraciones que despertaron la polémica:
“Un criterio básico de exclusión sería negarle la ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino. En este sentido, vamos a presentar un proyecto de ley que complemente los criterios ya establecidos”.
“Por otra parte, si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”.
Fuente: Filonews
