Prohibirían que procesados o condenados por corrupción sean candidatos

El texto consensuado entre distintas propuestas de legisladores del oficialismo fue firmado en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Pablo Tonelli (Pro). La norma implica la modificación del artículo 33 de la Ley 23.298 -de Partidos Políticos-. La macrista Silvia Lospennato, autora de uno de los proyectos, destacó que la iniciativa “no solamente tiene una sólida base constitucional, sino que se ajusta al Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos”. Enfatizó que los constituyentes de 1994 le dieron “un lugar muy especial” a la lucha contra la corrupción, en el artículo 36, “calificándolo como un atentado más contra la democracia”. La legisladora explicó que la prohibición tendrá una “limitación temporal”. Respecto de este punto, indicó que el impedimento a poder presentarse como candidato cesará “inmediatamente en el momento en que esa condena sea revertida o se cumpla”. “No estamos afectando en lo más mínimo el principio de inocencia”, afirmó y agregó: “Estamos tratando una reglamentación que está conforme a los estándares internacionales de la regulación de los derechos políticos”. En consonancia, la radical Brenda Austin ponderó “avanzar en una herramienta que tiene que ver con la consolidación de nuestro sistema democrático y la lucha contra la corrupción”. Dijo que la iniciativa se trata de “establecer una limitación al sufragio activo que va en consonancia con lo que plantea nuestra Constitución y los tratados internacionales”. “La propuesta tiene que ver con no permitir que puedan ser candidatos aquellas personas que hayan tenido condena, aun no estando firmes”, subrayó y mencionó como ejemplo al Senador Carlos Menem, quien fue re-reelecto en las elecciones del 22 de octubre pasado a pesar de estar condenado por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. En contra de la propuesta, la Diputada kirchnerista Nilda Garré señaló que “se pretende ignorar el principio de inocencia”. Remarcó que en sus “50 años de abogada, de persona que cree en el derecho, nunca vi esta insistencia permanente en el Parlamento de ignorar el principio de inocencia, el debido proceso y todas las garantías constitucionales”. Fundamentó que “la imposibilidad temporaria ya es una forma de afectar el principio de inocencia” y que “esto es muy peligroso”. Añadió que los proyectos, consensuados en una sola iniciativa, son “textos anticonstitucionales”, publicó Parlamentario. Acompañando a Cambiemos, la jefa del bloque Frente Renovador, Graciela Camaño, advirtió que este “no” es “un debate nuevo”, sino que ya se dio en el año 2009. Destacó que los constituyentes de 1994 “tuvieron una visión vehemente en cuanto a los delitos de corrupción”, y que en la actualidad “la justicia cambió la mirada y los legisladores debemos cambiar la mirada” porque “los cambios sociales tienen que tener un correlato con la ley”.