Judiciales | El Juez Federal Sebastián Casanello dictó procesamientos y embargos millonarios contra siete empresas del sector asegurador y un ex funcionario, en el marco de una investigación por contrataciones irregulares de pólizas con organismos estatales.
El Juez Federal Sebastián Casanello procesó y embargó a siete empresas aseguradoras y a Hugo Daniel Rodríguez, colaborador cercano del expresidente Alberto Fernández, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en las pólizas contratadas por organismos estatales con la firma Nación Seguros.
La investigación se inició tras una denuncia periodística que puso en la mira la intervención de intermediarios que, supuestamente, cobraron comisiones millonarias aprovechando conflictos de interés, en perjuicio del erario público.
Entre las compañías procesadas como partícipes necesarias del delito de negociaciones incompatibles figuran Bachellier SA, con un embargo de $9.669 millones, y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, con un embargo de $7.866 millones bajo la acusación de pago de sobornos.
Asimismo, fueron procesadas San Germán Seguros ($6.582 millones), Héctor Martínez Sosa y Compañía SA ($2.870 millones), TG Broker ($2.190 millones), San Ignacio Sociedad de Productores ($1.872 millones) y Bri Broker ($851 millones).
Por otro lado, el Juez Casanello dictó la falta de mérito para la firma Levelar SA, al no encontrar pruebas suficientes para su procesamiento en esta etapa de la causa. La medida judicial también alcanzó a Hugo Daniel Rodríguez, empleado en la Quinta de Olivos y estrecho colaborador del expresidente.
Rodríguez fue acusado de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario, y se le trabó un embargo por $787.997.801,56.
En los fundamentos del fallo, el magistrado sostuvo que las empresas beneficiadas “no adoptaron medidas de prevención adecuadas” ni sistemas de control interno para mitigar riesgos, tolerando conductas irregulares ejecutadas por sus máximos representantes sin denunciar los hechos ni devolver los beneficios obtenidos indebidamente.
La investigación continuará con el análisis de las pruebas recolectadas en las indagatorias, mientras se define la situación de otros involucrados en el esquema de contrataciones objeto de investigación.
