Pidieron llevar a juicio oral a Cristina, Florencia y Máximo Kirchner
Judiciales | Cristina Fernández de Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner, más cerca del juicio oral y público por lavado de dinero en el caso Hotesur.
Los Fiscales Gerardo Pollicita y Gerardo Mahiques pidieron este viernes al Juez federal Julián Ercolini, los Fiscales presentaron el pedido para que la causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero mediante el alquiler de habitaciones de un hotel pase a juicio y que implica también al empresario Lázaro Báez.
También pidieron juicio para Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner, el empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice, el contador Víctor Manzanares, Adrián Berni, César Andrés, Ricardo Albornos, Edith Gelves, Patricio Arandia, Emilio Martín, Jorge Bringas, Julio Mendoza, Martín Jacobs, Alejandro Ruiz, y Oscar Leiva.
La causa es por la maniobra de lavado de dinero de 80 millones de pesos, y con el alquiler de plazas hoteleras a las empresas de Lázaro Báez, este último detenido y actualmente juzgado en la causa por la "ruta del dinero K".
"Los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados", sostuvieron los Fiscales.
Pollicita recordó que el 80 por ciento de obra pública que entregó el Estado Nacional entre 2003 y 2015 fue a Lázaro Báez, y luego de ello- señaló- establecieron un circuito duque "permitió canalizar regularmente fondos desde las empresas a favor de una actuaría como sociedad anónima, cuya función en el esquema de blanqueo diseñado consistiría en recibir dinero proveniente del delito precedente y aplicarlo al negocio de la hotelería".
"Con una gran cantidad de fondos en poder de las empresas de Lázaro Báez que mensualmente cobraban del Estado Nacional, el esquema de blanqueo consistió en que los ex presidentes adquirieran un grupo de hoteles -Alto Calafate, Las Dunas, y La Aldea- los pusieran a disposición de la maniobra para que su administración y explotación fuera ejercida por una empresa pantalla, Valle Mitre, que se encargaría de recibir el dinero ilícito proveniente de las empresas de Grupo Báez", remarcaron.
Por ello, concluyeron que los Kirchner recibieron dinero "a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad", lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco "ocultando su verdadero origen".
La causa es por la maniobra de lavado de dinero de 80 millones de pesos, y con el alquiler de plazas hoteleras a las empresas de Lázaro Báez, este último detenido y actualmente juzgado en la causa por la "ruta del dinero K".
"Los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados", sostuvieron los Fiscales.
Pollicita recordó que el 80 por ciento de obra pública que entregó el Estado Nacional entre 2003 y 2015 fue a Lázaro Báez, y luego de ello- señaló- establecieron un circuito duque "permitió canalizar regularmente fondos desde las empresas a favor de una actuaría como sociedad anónima, cuya función en el esquema de blanqueo diseñado consistiría en recibir dinero proveniente del delito precedente y aplicarlo al negocio de la hotelería".
"Con una gran cantidad de fondos en poder de las empresas de Lázaro Báez que mensualmente cobraban del Estado Nacional, el esquema de blanqueo consistió en que los ex presidentes adquirieran un grupo de hoteles -Alto Calafate, Las Dunas, y La Aldea- los pusieran a disposición de la maniobra para que su administración y explotación fuera ejercida por una empresa pantalla, Valle Mitre, que se encargaría de recibir el dinero ilícito proveniente de las empresas de Grupo Báez", remarcaron.
Por ello, concluyeron que los Kirchner recibieron dinero "a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad", lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco "ocultando su verdadero origen".