Política | Lo justifica ante la "recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito" que se volvió "insoportable para la población".
El Gobierno oficializó este viernes el "protocolo antipiquetes", la medida impulsada por la Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, para impedir y reprimir la protesta social que derivará del fuerte ajuste implementado por la administración de Javier Milei.
A través de la Resolución 943/2023, publicada en el Boletín Oficial, se establece el "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", anticipado este jueves por la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio y hoy titular de la cartera de Seguridad.
En sus considerandos, se argumenta que este protocolo surge ante "la urgencia de la situación" y la "confusión introducida por una actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública".
Y resalta que la "recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías" ha derivado en "una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos".
Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales "intervendrán frente a cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte", como por ejemplo en las vías de los trenes. Tendrán jurisdicción en territorios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hará falta orden judicial para que las fuerzas de seguridad intervengan.
Por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías "debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas que disminuyan el ancho de las calles, rutas o avenidas".
La acción de las fuerzas policiales y de seguridad apuntará a "despejar los accesos, hasta dejar totalmente liberado el espacio".
En los procedimientos, los efectivos "emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente" con "armas no letales".
Sin embargo, se aclara que esa fuerza será "graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes" y con "empleo de armas no letales".
Deberán "identificar a los autores, cómplices e instigadores" de los cortes y protestas. También identificarán los vehículos con los cuales los manifestantes llegaron a las protestas.
"Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores" de las protestas "registrados por las fuerzas de seguridad" -como organizaciones formales o informales, gremios o partidos políticos- serán "remitidos al Ministerio de Seguridad".
Cuando se observen actos que puedan ocasionar "daño ambiental" (como quema de neumáticos) "se dará aviso al juez competente y a la autoridad ambiental".
El Ministerio de Seguridad "podrá demandar judicialmente" a las organizaciones y personas individuales que convoquen o participen de los cortes, "por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos".
Se "creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones" y de "infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas".
