La oposición frenó artículo clave contra la corrupción empresaria

La oposición le propinó un revés al Gobierno en la votación en particular de la ley para penar la corrupción empresaria. Diputados aprobó en general la norma la semana pasada, pero esta tarde el artículo 37 recibió un pulgar abajo en el recinto. El punto prevé que empresas involucradas en casos de corrupción pueden hacer "acuerdos administrativos" con el Poder Ejecutivo para brindar información sin intervención de la Justicia. Para la oposición se trata de algo inconstitucional y acusaron al Gobierno de querer "atribuirse cuestiones que no le pertenecen". El radical mendocino Luis Petri propuso una modificación que incluía la intervención de la Sindicatura General de la Nación y del Ministerio Público Fiscal, pero el FpV, el massismo y el socialismo lo rechazaron. El Diputado nacional de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez y su par del Frente para la Victoria-PJ, Rodolfo Tailhade, protagonizaron hoy un fuerte contrapunto, luego de que el legislador de Cambiemos aseguró que el oficialismo quiere saber los nombres de los funcionarios implicados en la causa Odebrecht y advirtió "no estamos entregando a nadie, más que a los culpables de actos de corrupción". La polémica se generó en el marco de una tensa sesión en la que se debatía el proyecto de responsabilidad penal empresaria que la semana pasada fue aprobado en general y cuyo tratamiento definitivo fue postergado ante las marcadas diferencias a la hora de votar en particular. Al defender la redacción original del artículo 37 del proyecto -uno de los más polémicos- que establece que las empresas puedan solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz, Sánchez recordó que "hay cuatro causas penales que investigan a funcionarios del gobierno anterior por el pago de coimas a Odebrecht que hoy están ausentes", en referencia al ex Ministro, Julio De Vido, que no estuvo presente en la sesión. Puntualizó Sanchez que "hace 4 años la justicia no ha avanzado y recién este fin de semana un fiscal federal ordenó un allanamiento contra la empresa Odebrecht" y, dirigiéndose a los Diputados del bloque kirchnerista, advirtió: "Saben por qué no quieren que confiesen en la Argentina? porque son los funcionarios públicos a los que se les pagó que todavía están libres". En ese marco, Sánchez destacó la importancia de avanzar en ese artículo, al sostener que la autoridad administrativa "puede hacer un acuerdo para que la empresa, que ya no tiene nada que perder, dé los nombres". Señaló además que con este artículo "se puede ayudar a esclarecer casos de corrupción", con lo cual "el pueblo argentino se los va a agradecer: muchachos, no estamos entregando a nadie más que a los culpables de actos de corrupción". A su turno, Tailhade rechazó la redacción de ese artículo y dijo que "es mentira que no se pueden investigar para atrás porque lo que quieren es negociar las 4 o 5 causas en la que está implicado el Presidente (Mauricio) Macri, a la vez que advirtió, dirigiéndose a Sánchez: "No me va a correr con la corrupción Sánchez. Lo único que falta es que me corra él con la corrupción que se va a trabajar con (Gustavo) Lopetegui y (Mario) Quintana a la Jefatura de Gabinete". Acusó además a Sánchez de haber sido uno de los que "apretaron" a los diputados cuando pidieron en la última reunión de comisión de Legislación Penal, a la presidenta de ese cuerpo, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), que difunda los nombres de los legisladores que no estaban presentes en ese plenario: "No me asusta eso", dijo.