La justicia avala investigar la denuncia de Nisman por encubrimiento
Judiciales | Lo hizo la Cámara Federal porteña, al rechazar un planteo de una de las acusadas, la ex Procuradora Angelina Abbona, quien deberá presentarse a declarar.
La Cámara Federal porteña avaló hoy la investigación judicial de la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman al rechazar un planteo de una de las acusadas, la ex procuradora del Tesoro del kirchnerismo Angelina Abbona, y ratificó su citación a declaración indagatoria para el próximo miércoles.
Los camaristas de la sala II del Tribunal de Apelaciones, Martín Irurzun y Eduardo Farah, advirtieron que Abbona es investigada por "conductas anteriores" a la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA, vinculada a su participación como titular de la Procuración en reuniones sobre el tema, según la resolución a la que accedió Télam.
Los Jueces advirtieron que se "impone tener claro cuál es el tenor de los cargos que se erigen contra Abbona (foto)", y rechazaron la inexistencia de delito planteada por el defensor de Abbona, Eduardo Barcesat, al remarcar que la denuncia de Nisman fue reabierta por la Cámara Federal de Casación Penal.
Después de esta decisión del máximo tribunal penal del país, hubo una "activa tarea de procura y colección de elementos probatorios en diferentes sedes" judiciales para "corroborar o descartar la comisión de delitos".
Y a partir de ello, continuaron los jueces en su fallo, "se formularon sendos pedidos de indagatorias" de Fiscalía y querellas que luego fueron ordenados por el Juez, al entender que existe suficiente "grado de corroboración de los cargos".
Estas indagatorias fueron las ordenadas por el Juez Federal Claudio Bonadio y se iniciaron esta semana con la presencia del primer citado, el ex Canciller Héctor Timerman, y continuarán hasta el jueves 26 cuando deba presentarse la expresidenta Cristina Kirchner.
El miércoles tendrá que concurrir Abbona, ante el fracaso de su recurso en la Cámara Federal, en el que planteó inexistencia de delito y que ella ya está procesada en otra causa por "peculado de servicios", a raíz de un dictamen de la Procuración del Tesoro presentado en defensa de los imputados.
La Cámara rechazó sus argumentos y remarcó que la causa a cargo de Bonadio es distinta y se la investiga por hechos previos a la firma del Memorándum, no por el dictamen presentado de manera posterior y ante la denuncia hecha por Nisman antes de morir, en enero de 2015.
"Contrariamente a lo señalado por su defensa, el sustento argumental y probatorio de aquélla no se limita a cuestiones posteriores a la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, sino, principalmente, a conductas anteriores de su parte", advirtió la Cámara.
Según la acusación en su contra, Abbona participó de negociaciones vinculadas a la firma del Memorándum, entre ellas una reunión que los representantes de las víctimas del atentado a la AMIA, querellantes en el caso, definieron como "exploratoria y preparatoria", en la sede de la Procuración del Tesoro a cargo por entonces de Abbona. Luego de ese encuentro siguió otro el 30 de octubre de 2012, en Ginebra, Suiza, vinculado a la negociación del Memorándum.
Según sostienen las querellas, se trató de un "plan criminal" cuyas tratativas "se hicieron a espaldas del servicio diplomático argentino". Al reclamar su indagatoria, la fiscalía advirtió que "no existió una razón funcional y/o de competencia que justificara la intervención de la ex Procuradora del Tesoro de la Nación en las negociaciones con las autoridades iraníes sobre el caso AMIA".
Esto, se sostuvo en ese dictamen, "permite afirmar, con el grado de certeza requerido en esta instancia del proceso, que la presencia de Angelina Abbona (entre otras personas del círculo cercano a la cúpula del anterior Poder Ejecutivo Nacional) respondió, en base a una histórica relación de confianza, a la necesidad de asegurar el resguardo y la confidencialidad de la finalidad que perseguían las sesiones de trabajo, esto es, la búsqueda de un artilugio legal idóneo que garantizara la impunidad de los imputados iraníes en el marco de la causa AMIA".