Política y Economía | La Cámara de Diputados convirtió en Ley el proyecto de Economía del Conocimiento, que promueve mediante incentivos fiscales, hasta el año 2029, a las empresas y emprendedores en el diseño, adaptación y desarrollo de producción software y servicios afines a las nuevas tecnologías.
La Cámara de Diputados aceptó los cambios introducidos por el Senado y aprobó el régimen de promoción de la economía del conocimiento con los votos del oficialismo, Unidad Federal para el Desarrollo y el Interbloque Federal, mientras que Juntos por el Cambio se abstuvo. La votación se produjo a las 2:34 y resultó con 133 adhesiones, 5 rechazos y 88 abstenciones, del interbloque presidido por Mario Negri, que denunció que las modificaciones empeoraron el texto y que habrá menos beneficios para las grandes empresas del sector.
Es que el corazón de los cambios realizados en la Cámara alta apunta a establecer una diferenciación en la ayuda estatal: las grandes compañías solo podrán acceder a la reducción del 20% del impuesto a las Ganancias, mientras que para las medianas esa reducción será del 40% y para las micro y pequeñas, del 60%.
Además, las personas jurídicas inscriptas en el régimen no podrán utilizar el bono de crédito fiscal equivalente al 70% de las contribuciones patronales pagadas para cancelar el impuesto a las Ganancias, cuando el proyecto original establecía que podía aplicarse a cualquier tributo nacional.
Los votos negativos correspondieron a Graciela Camaño (Consenso Federal), los diputados del Pro José Carlos Núñez y María Carla Piccolomini, y los de la izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá. A la hora de preguntarle el presidente de la Cámara baja uno por uno a quienes no habían registrado el sentido de su voto, se hizo notar el Diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, pues era el único de los que estaban presentes que no registró su determinación. “No voto a favor, ni en contra… La sesión del Senado no fue legal, compútelo como quiera”, fue la respuesta de Iglesias. Cuando por protocolo debió repasar todos los nombres, Sergio Massa volvió a insistirle e Iglesias le respondió: “Me niego a votar; la sesión del Senado fue ilegal”.
Por eso el titular del cuerpo se dirigió entonces al presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, para preguntarle cómo debía interpretar el voto de su diputado, a lo que el legislador bonaerense respondió que lo tomara como una abstención.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, consideró que “está muy bien que haya políticas de fomento para que crezcan este tipo de empresas, y al mismo tiempo es necesario tener políticas cuidadosas respecto de la utilización de los recursos fiscales”.
Ante las críticas de la oposición respecto de un intento de perjudicar a las grandes empresas, Heller aclaró que “no es ese el espíritu: lo que estamos modificando son los parámetros para que las empresas tengan beneficios según su dimensión”.
“No se trata de una cuestión discriminatoria, sino de administrar recursos escasos, tratando de que ese apoyo vaya a quienes más lo necesitan y no a aquellos que por su volumen son generadores, ya de por sí, de grandes utilidades”, insistió el Diputado del Frente de Todos.
Pablo Carro, titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, opinó que este es “un proyecto superador, que mejora notablemente” la redacción original, porque “especifica con claridad cuáles son los servicios profesionales que pueden ingresar a la promoción, establece un escalonamiento en los beneficios, y la revalidación bienal si se mantienen o aumentan los puestos de trabajo y si no hay prácticas fraudulentas”.
El cordobés destacó que nuestro país tiene ventajas como “la solidez del sistema científico universitario” y “la capacidad, la creatividad y la formación de nuestros profesionales”, y habló de un “triángulo virtuoso entre el conocimiento, la ciencia y la tecnología”, que se verá plasmado en “una política de Estado para los próximos diez años”.
Informó que el año pasado, con la Ley de Software, “de las 521 empresas beneficiarias, el 37,1% eran micro, el 46,8% eran pequeñas, el 13,8% eran medianas y el 2,3% eran grandes”, y “el 50% de los beneficios se concentró en diez empresas -seis de las grandes y cuatro de las medianas-”, de los cuales “el 71% están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires”.
Carro también mencionó que el 75% de los trabajadores del sector en áreas técnicas son hombres, mientras que en el personal de maestranza es al revés: el 75% son mujeres. Respecto del proyecto, manifestó que para 2030 esperan lograr “más de 1 millón de puestos de trabajo de calidad”, “llegar al 15% de exportaciones” y “duplicar los 6.000 millones de dólares generados por este sector de la economía”.
Desde Juntos por el Cambio, Karina Banfi (UCR) sostuvo que “esta industria, junto con el agro, son la llave del éxito para salir adelante”, y la gestión de Cambiemos entendió que la Ley de Software “tenía que ser parte de una política de Estado” y por eso hubo reuniones “con más de 11.000 empresas para ampliar el alcance de esa norma”.
Banfi criticó en duros términos los cambios introducidos por el Senado y advirtió que “el sector no fue recibido por ningún senador oficialista”. Pero además, advirtió que debido a que “esta ley está dando vueltas, en el segundo trimestre de este año cayeron las exportaciones del sector en un 11,4%”.
“Hasta acá llegamos con este proyecto. No vamos a acompañarlo. Estoy convencida de que no entienden lo que se está votando”, lanzó, al anunciar la decisión de su interbloque de abstenerse en la votación.
“Están sacando una ley para zafar, para que no les digan que han matado a la economía del conocimiento que promovió su mentor Néstor Kirchner”, remató. Silvia Lospennato (Pro) enfatizó que “trabajar con el sector privado no es mala palabra. Es lo que hace cualquier país que busca desarrollarse y crecer: se alía con el sector privado para crear empleo, la única vacuna posible contra la pobreza”.
La Diputado afirmó que este proyecto “se hizo a espaldas del sector porque detrás de esta ley hay una mirada anti-empresa, digan lo que digan”. En ese sentido, habló de una “demonización de las grandes empresas” y sentenció que “una actitud anti-empresa es una actitud anti-empleo”. “Con la que mandamos al Senado teníamos una oportunidad, pero con las modificaciones que le hicieron, empeoraron la ley”, lamentó, y graficó: “Debemos ser el único país del mundo que ataca a sus unicornios”.
El Diputado José Luis Ramón justificó las modificaciones del Senado y afirmando que “lo que está permitiendo esta ley no es anti empresa, es que las empresas más grandes puedan tener un incentivo que les permita ser muy grandes que les permita competir en los mercados externos”.
Tras aclarar que las empresas “no se van a ir”, señaló que “las medianas pueden tener un beneficio del 40%, pero las leyes y el chorro del Estado a estos señores muy grandes hay que dárselos a estos emprendedores más chicos, porque es a los que hay que levantar para que se hagan grandes y en algún momento puedan exportar”.
“Lo que está haciendo esta ley es poner el fiel de la balanza en su equilibrio -agregó-. Eso es sano, porque el emprendedor de verdad es al que hay que levantarle el estándar de calidad para que produzca su ejercicio intelectual para hacer economía del conocimiento”.
Por su parte, la neuquina Alma Sapag cuestionó las modificaciones implementadas por el Senado, aunque adelantó que igual votaría a favor, solo porque no se puede seguir sin ley. “Me preocupa mucho tanto empecinamiento en romper los consensos logrados”, se quejó. “Pasó en esta Cámara con la ley de paraísos fiscales, y ahora pasa con la ley de economía del conocimiento… ¿Tanto nos cuesta respetarnos? ¿Qué seguridad jurídica pude observar un potencial inversor si un proyecto de ley que salió por unanimidad de una Cámara, a los cuatro meses es cambiado por el mismo sector que lo impulsó?”, se preguntó.
“No se entiende tanta obstinación y prejuicios con las grandes empresas y sus empresarios… Me preocupa”, insistió, cuestionando que “los beneficios en la reducción del impuesto a las Ganancias, que de acuerdo con lo establecido por esta Cámara eran iguales para todas, ahora son escalonados de acuerdo al tamaño de cada empresa. Ser empresario es un pecado… Ser un gran empresario es un pecado; ser un buen empresario es un pecado… y no se entienden las razones por las cuales se estableció la inmovilidad del bono de crédito fiscal al hacerlo intransferible”, indicó.
Uno de los beneficios que contempla el proyecto es la posibilidad, para las empresas, de convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. La redacción original establecía que ese bono fuera transferible por única vez, pero el Senado dispuso que sea intransferible.
Los bonos podrán ser utilizados por el término de dos años -prorrogables por uno más- para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias.
“Esto tiene lógica. Si las empresas pagan Ganancias, no necesitan subsidios”, razonó Heller. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”. Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.
En cuanto al impuesto a las Ganancias, el proyecto aprobado en Diputados establecía una reducción del 60% para todas las empresas sin distinción de tamaño, pero el Senado estableció una diferenciación: será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.
“Esta modificación permite redistribuir el alto esfuerzo fiscal, escalonándolo y orientándolo a quienes más lo necesitan”, sostuvo Heller, y destacó que ese esfuerzo será de aproximadamente 18.000 millones de pesos anuales.
Por otra parte, se estableció en la Cámara alta que cada vez que la empresa -cualquiera sea su tamaño- revalide su inscripción en el régimen, deberá demostrar que ha incrementado la inversión en alguno de los requisitos adicionales, y además mantener o incrementar su nómina de personal.
Esos requisitos adicionales son inversión en mejoras de la calidad de sus productos y servicios; capacitación del personal o tareas de investigación y desarrollo; o bien la realización de exportaciones. En este último caso, el mínimo a acreditar será del 4% de la facturación anual para las micro empresas, del 10% para pequeñas y medianas, y del 13% para las grandes.
Por último, caerán los beneficios de la ley si se registra una reducción de la plantilla de personal, si se detectan trabajadores no registrados, o si se verifican prácticas fraudulentas para la obtención de la ayuda estatal.
