Política | El Senador Alfredo De Angeli dejó las cuestiones agrarias de costado por un momento para embarcarse en un proyecto de ley que busca erradicar el lenguaje inclusivo de los documentos oficiales que produzcan los tres poderes del Estado al impulsar el uso del castellano como “único y exclusivo idioma oficial” para la redacción desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
“Legalmente está establecido el castellano y el idioma de los pueblos originarios como oficial en Argentina. Debemos respetar este lenguaje para dar seguridad a los ciudadanos en materia de comunicación. Seguridad que también promueve la inclusión de los destinatarios”, argumentó el Senador de Juntos por el Cambio.
En el proyecto, de apenas cuatro artículos, se establece que el idioma castellano será el “único y exclusivo oficial para la redacción de leyes, decretos, resoluciones y demás documentos oficiales dictados por cualquier de los tres poderes del Estado en todos sus niveles de gobierno”.
La avanzada se da después de la prohibición desde el Ministerio de Educación porteño del uso de lenguaje inclusivo en aulas, una controversia planteada por la ministra Soledad Acuña que tuvo respuestas y polémicas rimbombantes con Axel Kicillof que llamó a que los alumnos "se rebelen" contra la RAE y España.
En la actualidad, el Ministerio de Salud dispuso que se promueva "el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva como formas expresivas válidas" en las producciones, documentos, registros y actos administrativos de todos los ámbitos de la cartera.
Por su parte, el PAMI adoptó una medida similar.
En las explicaciones que brindó De Angeli en sus redes sociales, reconoció que “actualmente, nuestra Constitución no contiene una cláusula específica sobre como deben estar redactados los documentos oficiales (como sí Colombia, Perú o España)”.
No obstante, aclaró que “es fundamental garantizar que las comunicaciones oficiales sean comprensibles para todos los habitantes del país”.
"El Estado no puede soslayar el idioma oficial por preferencias individuales o de ciertas comunidades de utilizar determinado léxico”, agregó.
A su vez, subrayó que este proyecto “no excluye la posibilidad de la elaboración y comunicación de los documentos oficiales en otro tipo de lenguas que identifique a otros grupos o comunidades, sino más bien que sea entendible para todas las personas que habitan nuestro territorio”.
Y resumió a modo de conclusión: “el espíritu de este proyecto busca: Utilizar un castellano correcto en términos normativos, por sus principios y disposiciones muy claras, inteligibles por todos los ciudadanos. Y contar con todas las herramientas lingüísticas para ser inclusivo a todos los habitantes del país”.
