Política | “Aquel que cometió un delito en su país, no entra en la Argentina. Y aquel que comete un delito estando en la Argentina será expulsado de manera rápida”, dijo la Ministro de Seguridad.
El Presidente Mauricio Macri se reunió en la residencia de Olivos con el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y luego participó en un encuentro de coordinación de Gobierno.
A la casa del Presidente arribaron los dirigentes de la primera línea del Gobierno: estuvieron allí el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la Canciller Susana Malcorra y el Secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana.
El motivo del encuentro era importante: resolver el endurecimiento de los controles migratorios antes de la partida de Macri a la costa bonaerense.
El Presidente viajó al complejo de Chapadmalal, ubicado unos 20 kilómetros al sur de Mar del Plata, acompañado por su esposa, la primera dama Juliana Awada, y el Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis. En la playa, con jóvenes del Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires que participan de un programa social dirigido a chicos y adolescentes.
Antes de viajar, Macri dejó firmado un documento clave: el Decreto que endurece y refuerza los controles en las fronteras de la Argentina. Ahora, solo falta la publicación oficial para que se modifique definitivamente la Ley de Migraciones.
El texto del Decreto que endurecerá los controles migratorios ya está terminado y solo faltaba la firma del presidente, Mauricio Macri. La Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que la iniciativa tiene tres ejes: "Aquel que cometió un delito en su país, no entra en la Argentina; aquel que comete un delito estando en la Argentina será expulsado de manera rápida (en un plazo de tres meses); y aquel que ya cometió un delito hay que esperar a la mitad de la condena, pero inmediatamente se le va a sacar su residencia".
El Director de Migraciones, Horacio García, sostuvo que a partir de la publicación del decreto "se acabaron las excusas: hay obligaciones para los tribunales de informar las condenas y para nosotros, para actuar".
"Hay una reducción de los plazos admnistrativos para evitar la mala experiencia de Marco Antonio Estrada González (el ciudadano peruano que manejaba el negocio de la droga en la villa 1-11-14 y vivía en un barrio cerrado en Ezeiza): cuando se le compute un delito a un extranjero en el país, automáticamente se le revocará la residencia", dijo García.
La nueva medida se suma a la puesta en marcha del sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API) en aviones y cruceros, que busca restringir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y acelerar la salida de aquellos que sean condenados por delinquir.
La Comisión Nacional de Fronteras funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, "a fin de armonizar su funcionamiento desde una perspectiva interministerial que aumente la integración fronteriza, facilite el tránsito de personas, agilice el comercio internacional y prevenga el delito transnacional", según establece el Decreto 68/2017 publicado en el Boletín Oficial.
[b]Los principales puntos en los que busca avanzar el Ejecutivo:[/b]
– Agilizar los convenios de información con Estados Unidos, Colombia y los países limítrofes. Además, con las empresas aéreas de transporte de pasajeros a través de los sistemas API (Información Anticipada sobre Pasajeros) y RNP (Registro de Nombres de Pasajeros).
– Abordar el foco de la problemática, las "zonas de paraguayoso peruanos", según advierten en el Ejecutivo, que se insertan en los asentamientos. Reforzar el trabajo con la PROCUNAR, la fiscalía antidroga, para establecer un sistema de prohibición de reingresos para personas con antecedentes importantes.
– Intensificar el trabajo en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Capacitar al personal y controlar los pasos fronterizos.
– Según datos de Migraciones, durante el 2016 Argentina fue el país que más radicaciones generó en América del Sur, y el que le sigue está 50 por ciento abajo. "Se dieron 28 mil turnos a migrantes para que regularicen su situación; este país tiene autoridad moral para sentarse a discutir la forma en la que ingresan y cómo le ponemos cortapisas a los delincuentes, para que se vayan", planteó García.
– Hacer cumplir el artículo 29 de la ley 25.871 que, por ejemplo, estipula en su artículo C que será causal de expulsión "haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más".
– La conexión a INTERPOL internacional de las bases de datos. "Cualquier juzgado de cualquier lugar del mundo que genere una restricción sobre un ciudadano la tiene la Argentina", dijo el funcionario.
