Judiciales | El Fiscal Diuego Luciani asegura tener probado que Lázaro Báez no sólo era “el empresario beneficiado” con la obra pública sino que era “amigo personal de los expresidentes”, y que “paralelamente realizaban entre sí numerosos negocios”. Además apuntó que el Congreso de la Nación sufrió un “apagón informativo” para evitar los controles.
En una nueva audiencia de alegatos en el juicio oral y público por la causa “Vialidad”, que tiene como principal acusada a la Vicepresidente Cristina Kirchner, el Fiscal Diego Luciani apuntó que durante los años de gobiernos kirchneristas el Congreso de la Nación sufrió un “apagón informativo” respecto a las partidas destinadas a obra pública y a los legisladores “lisa y llanamente les mintieron”.
“Desde el Poder Ejecutivo se subestimaron los presupuestos, se manejaron a discreción los excedentes y los legisladores nunca tuvieron la posibilidad de controlar para saber lo que estaba pasando realmente con la obra vial de Santa Cruz”, sostuvo el funcionario judicial, que la semana pasada fue recusado por la titular del Senado.
Ante el TOF 2, el fiscal indicó que “entre los años 2004 y 2015 el Congreso Nacional padeció de una suerte de apagón informativo en la cuestión presupuestaria en lo tocante al destino de los cuantiosos recursos públicos invertidos en Santa Cruz para hacer frente a las obras públicas adjudicadas al grupo Báez”.
“Entiende este Ministerio Público Fiscal que las posibilidades reales de control de acuerdo con la información que el Poder Ejecutivo informó al Congreso, fue nulo”, agregó e insistió que “a través de esta extrema discrecionalidad hizo que fuera imposible ejercer un control real de la obra pública. Lisa y llanamente, les mintieron a los legisladores”.
Además, cruzó la versión otorgada por CFK: “Contrariamente a lo esgrimido por la imputada Fernández, en los hechos, el diseño de las políticas de inversiones en materia vial fue dirigido por el Poder Ejecutivo Nacional”.
Para Luciani, basta con “revisar cada una de las decisiones administrativas” dictadas por los exjefes de Gabinete, entre ellos Alberto Fernández, para ver que “a instancias del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, se incrementó el presupuesto aprobado a favor de la Dirección Nacional de Vialidad”.
El Fiscal Luciani destacó que Lázaro Báez no sólo era “el empresario beneficiado” sino que era “amigo personal de los expresidentes”, y que “paralelamente realizaban entre sí numerosos negocios”. Y enumeró las operaciones comerciales entre Báez y el matrimonio Kirchner.
Luciani entre las operaciones comerciales con la sociedad Los Sauces detalló dos construcciones en lotes de Santa Cruz, uno de Cristina y otro de Néstor Kirchner, que fueron cedidos el mismo día.
Para el Fiscal está comprobada la corrupción y Cristina Kirchner, más que un conflicto de intereses, tenía con Báez “un conjunto de intereses mutuos”.
