Política | Intendentes aseguraron que el juicio oral que la ex Presidente enfrenta por el posible desvió de fondos públicos en favor del empresario Lázaro Báez un intento por proscribirla de la actividad política. Por su parte referentes del campo cultural, los derechos humanos, periodistas y dirigentes advirtieron que el Tribunal que la juzga pretende "consumar la infamia -jueces, grandes medios de comunicación y políticos".
Por medio de un comunicado, aseguraron que el juicio oral, conocido como “Vialidad”, representa -en realidad- un intento por proscribirla de la actividad política.
“La persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”, apuntaron.
En ese sentido, exteriorizaron -en representación de “Los Intendentes del Interior del país”- “la preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.
El escrito contó con la firma de jefes comunales de Jujuy (8), Catamarca (17), Tucumán (38), Salta (4), Santiago del Estero (158), Corrientes (8), Chaco (47), Formosa (37), Misiones (1), Córdoba (55), Santa Fe (34), Mendoza (2), San Luis (1), San Juan (2), La Rioja (17), Chubut (9), La Pampa (7), Neuquén (4), Río Negro (8), Tierra del Fuego (3), Santa Cruz (16) y Entre Ríos (33).
De nuestra provincia: Adan Bahl (Paraná); Martín Piaggio (Gualeguaychú); Gustavo Bastian (San José); Damian Arevalo (Feliciano); Leonardo Hassel (Larroque); Daniel Rossi (Santa Elena); Juan Carlos Darrichon (Diamante); Ariel Weiss (Colonia Avellaneda); Diego Plassy (El Pingo); Silvina Dome (Villa Clara); Mauro Diaz Chaves (Aldea San Antonio); Luis Gaioli (Hernandez); Luis Siebenlist (Aranguren); Gustavo Roldan (Puerto Ibicuy); Juan Romero (Villa Dominguez); Antonio Rodriguez (San Jaime de la Frontera); Cesar Simino (San Gustavo); Sabrina Olano (Ceibas); Lucas Larrarte (San Salvador); Adriana Meza (Los Conquistadores); Alfredo Francolini (Concordia); Martin Oliva (Concepción del Uruguay); Luis Schaaf (Rosario del Tala); Hugo Ramirez (Aldea Brasilera); Gerardo Chapino (Federal); Fabian Menescardi (General Galarza); Juan Diego Conti (Maciá); Ricargo Bravo (Federación); Gerardo Heberlein (Segui); Fernando Viganoni (San Justo); Ricardo Sandoval (Pronunciamiento); Hernan Niz (Villa Mantero) y Claudia Monjo (Villaguay).
Por último, el escrito concluyó: “Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.
Cristina Kirchner enfrenta este juicio oral por un supuesto redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz durante sus mandatos como presidenta (2007-2011 y 2011-2015) en favor de Lázaro Báez, el empresario y ex socio comercial de los gobiernos kirchneristas, y hoy condenado por otros casos de corrupción y bajo arresto domiciliario.
Se trata del primer juicio contra la Vicepresidente que llega hasta la etapa de los alegatos, la instancia previa a la sentencia donde el tribunal define la condena o la absolución.
En el caso, se juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015.
Los acusados son 13 y, además de Báez y Cristina, aparecen los ex funcionarios Julio De Vido (ex Ministro de Obras Públicas), José López (ex Secretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional), entre otros.
La Fiscalía ya adelantó que entiende que la acusación se probó durante el juicio y que pedirá condena.
En el último tiempo, sin embargo, se dieron a conocer imágenes del Fiscal federal Diego Luciani y el Juez Rodrigo Giménez Uriburu de la causa compartiendo equipo de fútbol en los torneos que el ex presidente Mauricio Macri organiza en su quinta “Los Abrojos”, ubicada en la localidad de los Polvorines, provincia de Buenos Aires.
Al respecto, Cristina Fernández aportó más información a través de una serie de tweets en donde profundizó sobre la relación de ambos con (Mauricio) Macri y los abogados defensores hicieron el pedido formal para recusar tanto a Luciano como a Giménez Uriburu por la “existencia de relación personal” entre las partes y por “falta de imparcialidad”, lo que implicaba apartarlos del caso, algo que finalmente la Justicia denegó.
"En las últimas horas sumaron a su andar canallesco las denuncias contra Máximo Kirchner", señalaron intelectuales y dirigentes que repudiaron "la pretensión última de esta alianza mediática judicial que pasa no sólo por la cancelación de los dirigentes populares sino de la experiencia misma que significó el kirchnerismo en este siglo, al igual que trataron de hacerlo con el peronismo en el anterior".
Los firmantes de una solicitada titulada: "No al lawfare y el intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner" remarcaron que "por medio de un procedimiento judicial reñido con las más elementales reglas de procedimiento se procura el objetivo de la proscripción política de Cristina Kirchner".
Y subrayaron que "quienes pretenden consumar la infamia -Jueces, grandes medios de comunicación y políticos que se preparan para tomar ventaja de ese involucramiento del Poder Judicial en la vida política- deben saber que, de lograrlo, habrán infligido un duro golpe al proceso democrático de más larga duración en la historia argentina".
Asimismo, señalaron que esta estrategia de lawfare que "hoy se centra en la figura política más relevante del campo nacional y popular"-por la Vicerpresidenta-, del mismo modo "hace años se despliega sobre un conjunto de dirigentes perseguidos, en algunos casos encarcelados y bajo una condena mediática que busca su cancelación".
"Lo que antes se impuso por medio de la violencia ilegal perpetrada por el Estado -desde los bombardeos de la Plaza de Mayo de 1955 hasta la trágica experiencia del terrorismo militar- hoy intenta abrirse paso bajo la simulación de un proceso judicial", escribió el grupo integrado por más de un centenar de intelectuales, periodistas y personalidades de distintas áreas.
Se trata de un "proceso que lleva años sin que se comprobara de manera alguna la existencia de actos de corrupción atribuibles a la actual vicepresidenta de la República, y se ha montado hoy un espectáculo mediático dirigido a preparar el clima favorable a la proscripción.
De manera que la historia argentina vuelve a encontrarse con la obsesión proscriptiva, con la intervención ilegal de factores de poder extraños a cualquier concepción republicana", apuntaron.
"Lo sufrió el pueblo argentino con los 18 años de proscripción de Juan Domingo Perón y lo sufren los hermanos brasileros con la entronización de Jair Bolsonaro a partir de la condena y proscripción del compañero Lula Da Silva", concluyó la solicitada.
Entre los firmantes están la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida; el ex Juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni y el abogado Eduardo Barcesat; la militante de derechos humanos Rosa Bru; el periodista Víctor Hugo Morales; el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y Diputado del Parlasur, Víctor Santa María, y la especialista en temas de género Dora Barrancos, entre otros intelectuales, periodistas, parlamentarios, gremialistas, embajadores, funcionarios y artistas.
