Judiciales | La empresa avícola, una de las más importantes del país, formalizó ante la Justicia el pedido de concurso preventivo de acreedores. La firma arrastra una deuda cercana a los 351 millones de dólares y la crisis ya dejó unos 1.730 trabajadores desvinculados. En Concepción del Uruguay hubo alrededor de 250 despidos.
La crisis de Granja Tres Arroyos sumó este miércoles un nuevo capítulo. La compañía, que durante años fue una de las principales empresas avícolas de Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, con el objetivo de reestructurar sus pasivos y evitar que la situación financiera derive en una instancia aún más grave.
El proceso formal está encabezado por Wade, una de las sociedades que integra el grupo empresario controlado por la familia De Grazia. La decisión llega después de meses de negociaciones privadas con acreedores que no lograron alcanzar una salida definitiva.
La empresa acumula una deuda estimada en 351 millones de dólares y había analizado un esquema que contemplaba quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago de hasta siete años y la venta de activos considerados no estratégicos. Pero mientras las negociaciones avanzaban, la situación productiva y laboral continuó deteriorándose.
Desde el inicio del conflicto, a fines de 2024, el grupo empresario acumula cerca de 1.730 despidos en sus distintas plantas, aunque la cifra podría modificarse a medida que se termine de consolidar la información por establecimiento.
Uno de los golpes más fuertes se produjo en las últimas semanas en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, donde la empresa paralizó su planta y posteriormente se enviaron más de 700 telegramas de despido.
La situación también alcanzó a otras instalaciones del grupo: hubo despidos en Pilar y Esteban Echeverría, mientras que la planta Avex de Río Cuarto dejó de operar y la planta Pinazo, también ubicada en Pilar, suspendió a todo su personal.
Entre los lugares alcanzados por la crisis se encuentra Concepción del Uruguay, donde alrededor de 250 trabajadores fueron despedidos. La situación generó preocupación no solamente entre los empleados afectados y sus familias, sino también en el entramado comercial y económico que depende directa o indirectamente de la actividad avícola.
La planta uruguayense forma parte de una cadena productiva de enorme importancia para la economía local, por lo que la pérdida de puestos de trabajo representa un fuerte impacto para la ciudad.
El pedido de concurso preventivo pone formalmente a la empresa frente a un proceso judicial destinado a ordenar sus deudas y negociar con sus acreedores. Pero detrás de los números aparecen las consecuencias sociales de una crisis que lleva meses: trabajadores despedidos, familias que dejaron de percibir ingresos y localidades enteras que sienten el impacto de la caída de una de sus principales fuentes laborales.
La presentación del concurso preventivo abre ahora una nueva etapa para una empresa que supo ocupar un lugar central en la industria avícola argentina. El desafío será determinar si la reestructuración financiera permite sostener la actividad y recuperar puestos de trabajo o si, por el contrario, la crisis continuará profundizándose.
