Política | En la madrugada de este viernes, el Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla un aumento en las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, así como una actualización de los salarios de docentes y personal no docente.
La Ley, que fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, tendrá un costo fiscal estimado en 0,14% del PBI, lo que equivale a $738.595 millones, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Los votos en contra provinieron de los legisladores de La Libertad Avanza, además de los senadores del Pro Carmen Alvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, junto al formoseño Francisco Paoltroni.
La única abstención fue de María Victoria Huala, mientras que los senadores Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu, Gerardo Montenegro y Rodolfo Suárez no estuvieron presentes.
El bloque Cambio Federal manifestó discrepancias en algunos puntos del proyecto y solicitó la votación individual de 9 artículos. Sin embargo, todos fueron ratificados con el apoyo de dos tercios de la Cámara.
El proyecto fue impulsado por la oposición unida, tras haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados hace un mes.
El Gobierno de Javier Milei, al igual que en el debate sobre las jubilaciones, ya ha adelantado que podría vetar la Ley si considera que afecta el equilibrio fiscal o si no está claro de dónde provendrán los recursos para su ejecución.
De ser así, la normativa podría enfrentar el mismo destino que la Ley de Movilidad Previsional, que fue vetada por el presidente Javier Milei, con el oficialismo logrando sostener el veto en Diputados.
La Ley establece que “el Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 para garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.
Además, se dispone que el Gobierno deberá “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, ajustándolos según la inflación acumulada informada por el INDEC durante ese período”.
Asimismo, estipula que “a partir del mes siguiente a la sanción de la Ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, los salarios deberán actualizarse mensualmente de acuerdo con la inflación” reportada por el INDEC.
Por último, uno de los artículos de la Ley establece que se deberá asegurar “la ampliación anual y progresiva del monto y del número de beneficiarios de las becas estudiantiles”.