Judiciales | A semanas del inicio del juicio por enriquecimiento ilícito, la Justicia rechazó una solicitud de la defensa del ex funcionario kirchnerista para acceder al beneficio de la libertad.
Los Jueces Adrián Grünberg y José Michilini consideraron que "se advierte en el caso la existencia del riesgo de fuga" del procesado. Asimismo, en el fallo resaltaron que "la celebración del juicio habrá de poner término al estado de incertidumbre que supone todo proceso penal".
De esta manera, el TOF le negó la libertad al ex funcionario kirchnerista, quien a partir del próximo 11 de junio deberá enfrentar el proceso en su contra por los bolsos con casi 9 millones de dólares, 150 mi euros y una carabina que intentó esconder la noche del 14 de junio de 2016 en un convento de General Rodríguez.
Por otra parte, los magistrados precisaron que "no surge de ningún modo que se encuentre en riesgo" la salud de López por su condición de detenido "o que la atención a sus dolencias no haya sido debidamente resuelta en su unidad de alojamiento".
Además, explicaron "que, contrariamente a lo argumentado por la defensa, no resulta legalmente procedente analizar la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico a una persona que no se encuentre en condiciones de ser beneficiaria de arresto domiciliario".
Los magistrados sostuvieron que estas circunstancias "resultan fundamentos para mantener la medida oportunamente dictada; resultando necesaria a los fines de asegurar la concreción del juicio".
"Por tanto y, de conformidad con la opinión fiscal, consideramos que corresponde denegar la excarcelación solicitada, bajo ningún tipo de caución", señalaron en el fallo.
López irá a juicio junto a su esposa, María Amalia Díaz, acusado por el delito de enriquecimiento ilícito a raíz del desconocido origen de los fondos que tenía en los bolsos y por la propiedad en la que vivía en Dique Luján, Tigre, que había dicho que era alquilada, pero la Justicia determinó que era suya y estaba a nombre de testaferros.
En caso de ser condenado, el ex secretario puede recibir una pena que va de los 2 a los 6 años de prisión, inhabilitación perpetua absoluta y el decomiso de sus bienes.