Política | El Ejecutivo oficializó la medida que habilita la actividad minera en zonas antes protegidas y otorga mayores competencias a las provincias para la gestión de sus recursos. La normativa fue confirmada mediante el Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial.
Fue promulgada la Ley 27.804 a través del Decreto 271/2026 del Presidente Javier Milei publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.
La iniciativa promulgada reavivó el debate sobre la protección ambiental y el desarrollo minero en Argentina.
El Ejecutivo sostuvo que la nueva legislación establece presupuestos mínimos para resguardar los glaciares y el ambiente periglacial.
La norma redefine los criterios de protección y limita las restricciones a zonas con importancia hídrica comprobada, lo que habilita actividades antes prohibidas.
El proyecto fue aprobado en las cámara de Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, mientras que en el Senado lo convirtió en ley con 40 votos positivos.
En tanto, en el texto oficial, se mantiene la prohibición de actividades contaminantes en áreas identificadas como glaciares o ambientes periglaciales.
Sin embargo, introduce cambios clave al permitir que las provincias definan qué zonas quedan bajo protección, siempre con base en criterios científicos.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) conserva el registro técnico de los glaciares.
A pesar de ello, las jurisdicciones locales adquieren mayor protagonismo en la toma de decisiones sobre la inclusión o exclusión de áreas protegidas.
Por su parte, desde sectores que apoyaron la reforma afirmaron que la medida indicaron que busca destrabar proyectos mineros paralizados.
Según esta postura, la normativa anterior impedía el avance de iniciativas que podrían contribuir al desarrollo energético y productivo del país.
La comunidad científica expresó un fuerte rechazo a las modificaciones introducidas por la Ley.
En ese sentido, investigadores y organismos académicos advirtieron que la flexibilización de la protección podría afectar reservas estratégicas de agua y generar impactos ambientales a largo plazo.
