Sociedad | Lo reveló el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, que advirtió que sólo el 41,4% de la población económicamente activa posee un empleo asalariado.
Las medidas del Gobierno que buscaron “resolver los desajustes macroeconómicos y crear un clima de confianza para una reacción favorable de los mercados no han tenido la respuesta esperada”, advirtió la Universidad Católica Argentina (UCA), que reclamó “políticas activas” para que una eventual llegada de inversiones “se derrame” hacia los sectores postergados.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de esa casa de estudios dio a conocer un informe sobre “Empleo, precariedad laboral y desigualdades estructurales (2010-2016)” en el que, además, advirtió que “sólo el 41,4% de la población económicamente activa posee un empleo asalariado o no asalariado con calidad plena de derechos laborales” y “9,9% se encuentra abiertamente desocupado”.
El reporte fue presentado por Agustín Salvia, director de Investigación del ODSA, para quien “aunque venga una lluvia de inversiones, no habrá derrame hacia los sectores menos dinámicos si no hay políticas activas” del Estado.
“Mientras se mantenga el actual escenario recesivo, sólo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precariedad laboral”, alertó la UCA. En ese sentido, Salvia mencionó que si bien “no hay evidencias de una crisis ocupacional, tampoco hay evidencias de que estén ocurriendo mejoras. Un cambio de rumbo no sólo necesitará de inversiones, sino también de políticas que reactiven el mercado interno, apoyen a las micro empresas y mejoren su productividad”.
En esa línea, el informe remarcó que “persisten barreras productivas estructurales que impiden la inclusión de los núcleos de marginalidad y descartados sociales” y que creció “la percepción de los ocupados de considerar altamente difícil conseguir un empleo similar en caso de perder su actual trabajo”, de 84,5% a 88,1%.
“La desigualdad persistente y la pobreza estructural son resultado de un modelo económico-productivo desequilibrado, con efectos de exclusión y desigualdad a nivel socio-laboral”, planteó Salvia.
En números, según el informe, “sólo el 41,4% de la población económicamente activa posee un empleo asalariado o no asalariado con calidad plena de derechos laborales, 30,7% un empleo regular pero sin vinculación con la seguridad social, 18% está subocupado en actividades de baja remuneración o alta inestabilidad, y 9,9% se encuentra abiertamente desocupado”.
Además, “entre el cuarto trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2016, sin que se hayan registrado cambios relevantes en la tasa de actividad, se confirma una caída del empleo pleno (de 1,6 puntos porcentuales), incluso en el empleo precario”, puntualizó el reporte. “Estamos muy lejos de garantizar los derechos laborales de casi la mitad de los argentinos. Las pocas mejoras las experimentaron los trabajadores de estratos medios y medios altos, y no los de más bajos recursos educativos. Las mejoras, además, tendieron a estancarse y revertirse en los últimos dos años”, observó Salvia.