EE.UU revisará las sanciones al biodiésel argentino

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos decidió iniciar una “revisión” de los derechos antidumping y de los compensatorios aplicados a las importaciones de biodiesel de la Argentina, un negocio estimado en unos 1.500 millones de dólares al año para los productores nacionales. La medida de revisión fue adoptada a pedido del Gobierno argentino y fundamentada en el "cambio de circunstancias provocado por la reducción del diferencial entre los derechos de exportación aplicados al biodiesel y aquellos que pagan los insumos del mismo (poroto y aceite de soja)", informó anoche la Cancillería. El Canciller Jorge Faurie afirmó que la decisión del inicio de la revisión adoptada por el Departamento de Comercio es "un resultado concreto del regreso a la normalización en nuestra relación con el mundo". En ese sentido explicó que la reapertura del diálogo "representa la posibilidad que, al final de dicho proceso, si las negociaciones son exitosas, las importaciones de un producto del país, con alto valor agregado, puedan recuperar el acceso a un mercado muy significativo como lo es el de EE.UU". A comienzos de enero el Gobierno de los Estados Unidos oficializó la aplicación de aranceles de hasta 72% a las importaciones de biodiesel desde la Argentina, lo que significó la marginación de la producción local de aquel mercado. La medida había sido definida en noviembre por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, y afectó exportaciones argentinas por unos 1.500 millones de dólares anuales. Los aranceles para los combustibles en base a aceite de soja se ubicaron entre 71,45% y un 72,28%, a raíz de lo que se consideró es el otorgamiento de "subsidios injustos" a los productores argentinos de biodiesel. Desde el Palacio San Martín se explicó que la "revisión" se anunció pese a que la ley estadounidense normalmente exige un plazo mínimo de dos años de vigencia de las medidas impuestas en enero y abril de 2018. Para ello, el secretario de Comercio hizo uso de la excepción prevista en dicha ley y consideró que existía "causa justificada" ("good cause") para el inicio de la revisión.