Diputados avanzó con la "Ley anti-barrasbravas

La Cámara de Diputados le dio media sanción la "Ley Anti-barrabravas" que endurece las penas a aquellas personas que cometan actos de violencia en los estadios de fútbol. Sin embargo, la iniciativa no podrá aplicarse en los torneos que se reinician en la segunda semana de enero de 2019, porque la Cámara de Senadores decidió no incluirlo en la sesión convocada para mañana. Durante el debate, la tercera del período extraordinario de sesiones, los diputados debatieron el texto enviado semanas atrás por el Poder Ejecutivo luego de los incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio Monumental, en el barrio de Núñez, cuando un grupo de personas atacó con piedras el micro donde viajaba el plantel de Boca Juniors. La iniciativa fue enviada por la Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, en 2016 al Congreso, pero había perdido estado parlamentario y, tras los hechos de violencia que obligaron a suspender la final de la Copa Libertadores entre River y Boca -que se realizó finalmente en Madrid el pasado 9 de diciembre-, el Gobierno volvió a impulsar. Al abrir el debate, la presidente de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), aseguró que la iniciativa busca incorporar algunas contravenciones que, dijo que "adquieren calidad de delito" y algunas medidas de prevención de delitos en los partidos, así como la incorporación de la figura del arrepentido y el juicio abreviado para los que provoquen incidentes en los partidos de fútbol. "No queremos más puertas giratorias para aquellos violentos que entorpecen el normal funcionamiento de un partido de fútbol", aseguró Burgos en el recinto, al destacar el trabajo de todos los bloques para acordar un texto definitivo, y señaló: "Esto ha sido una co-construcción que, más allá de las diferencias, la idea central está plasmada en este proyecto", al señalar que no soluciona todo pero es una herramienta más para seguir trabajando". En esa línea, el diputado nacional y ex árbitro de fútbol Héctor Baldassi (Pro-Córdoba) destacó la importancia de "dar el puntapié inicial para erradicar la violencia en las canchas, prevenir sus acciones y someterlos a la justicia para que paguen el daño con la pena que corresponde", al advertir que "no hay más margen para esto como cualquier otro delito los que hacen estos hechos tienen que pagar". Desde el FpV-PJ, el presidente de la comisión de Deportes, Daniel Scioli, anticipó que ese bloque acompañará en general el proyecto pero consideró "insuficiente" el dictamen del oficialismo, al sostener que "apunta a incrementar las penas" pero "no ataca los problemas que van detrás". El justicialista salteño, Pablo Kosiner, apoyó el proyecto pero reclamó "plantear una ley realista" porque "la Argentina no es sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". "No es justo castigar a todo el país por la inoperancia de las fuerzas de seguridad que no supieron, o no quisieron, evitar los incidentes que ocurrieron en la final de la Libertadores", señaló. En tanto, la massista Carla Pitiot pidió "poner fin a la convivencia que existe entre el poder y la delincuencia". "Tenemos que dar un gesto político de que no queremos más mafias en el fútbol. Debemos ser firmes con las barras y darle a los argentinos un espectáculo y no un negocio para poquitos", reclamó Pitiot. Elisa Carrió, quien exigió separar a los clubes de fútbol de la política, expresó que "los barras siempre están en delitos mayores, se han convertido en sicarios y tienen impunidad porque el fiscal es socio del club, tesorero o presidente. Separar la política del fútbol es separar la política del delito grave del narcotráfico y de la impunidad". La iniciativa ya había recibido varias modificaciones, respecto al texto original, en su paso por un plenario de las comisiones del cuerpo, que incluyeron la disminución de algunas penas para que estén en sintonía con el anteproyecto de Código Penal que el gobierno nacional enviará en marzo próximo al Congreso. La "Ley Antibarrabravas" cuenta con cinco puntos fundamentales. En primer lugar, el incremento de las penas de los principales delitos, tanto en las mínimas como en las máximas. Además, se certifican nuevos delitos vinculados a otras actividades que sirven para financiar a las barras, como la reventa de entradas o los cuida coches. Algo importante: se establece un juicio abreviado para que se juzgue rápido al acusado y se decida la condena. En cuarto lugar se estableció la imposibilidad de acogerse a la figura del juicio a prueba para de esta manera evitar la posición de la condena y, en quinto y último lugar, se incorporó la figura del arrepentido en materia de prevención”. La normativa establece prisión de 2 a 6 años para aquellos que tengan en su poder armas blancas u objetos cortantes en un partido de fútbol y una condena de 2 a 6 años para los dirigentes de clubes que cometan enriquecimiento ilícito, así como su inhabilitación absoluta perpetua. La iniciativa fija además prisión de 1 a 4 años para quien altere el normal desarrollo de un partido y si, en el hecho intervienen dos o más personas, la pena será de 2 a 6 años de cárcel. Además, se castigará con prisión de 1 a 3 años la venta ilegal de entradas y se establecen penas de 3 a 5 años de cárcel cuando ese delito participe una persona contemplada en la Base de Datos y Antecedentes Relativos a Espectáculos Futbolísticos. También contempla penas de prisión de 1 a 4 años a quien ofrezca servicios de cuidados de vehículos en las cercanías de los estadios, conocidos como "trapitos", y de 3 a 5 años cuando esa actividad sea desarrollada por personas contempladas en la base de datos.