Política | Es por tres años en todo el país y fue aprobada en la Cámara de Diputados con apoyo casi unánime, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y movimientos sociales y el acompañamiento de la CGT.
El proyecto, impulsado por el Movimiento Evita, obtuvo 227 votos a favor, y se estima que beneficiará a 3,5 millones de trabajadores, lo que significará para las arcas estatales un costo de 30.000 millones de pesos.
Al momento de la votación hubo 4 abstenciones, del Frente de Izquierda, que reclamó otras medidas como el blanqueo y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. Hubo un solo voto en contra, del monobloquista salteño Alfredo Olmedo.
La iniciativa, que ahora deberá tratar el Senado, propone declarar la Emergencia Social hasta el 31 de diciembre de 2019 en todo el territorio nacional, y fue negociada por la CCC (Corriente Clasista y Combativa), la CTEP (Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular) y Barrios de Pie, que este martes llevó adelante cortes en la Capital Federal y numerosas ollas populares en distintos puntos.
En el inicio del debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Pro) destacó: “Reconocemos la Emergencia Social porque lo primero que hemos hecho es poner de pie el nuevo INDEC”. “Hemos heredado una crisis social dramática”, acotó.
El macrista consideró que la ley “ratifica y continúa las sucesivas prórrogas que ha habido” y “viene a reconocer” el “grave diagnóstico” respecto de la situación socioeconómica del país. También señaló que la norma “viene a agregar un marco de diálogo que no existía hasta hoy” y “a crear un abordaje distinto al tratamiento de la economía popular”.
A su turno, la legisladora Lucila De Ponti (Peronismo para la Victoria) aseguró que se trata de personas que “no pueden acceder a un empleo” y “muchas veces son ignorados o desconocidos, pero forman parte de nuestra cotidianeidad”.
La representante del Movimiento Evita advirtió que “entre un 25 y 30 por ciento” de la población son personas que “se encuentran excluidas del empleo formal, pero son trabajadores” y enumeró a “la señora que limpia una casa, el vendedor ambulante, los artesanos, la costurera del taller clandestino y el cartonero que separa la basura”, entre otros casos.
De Ponti resaltó que el Registro Nacional de la Economía Popular que crea el proyecto representa un “elemento fundamental” que les dará “visibilidad y existencia” a los trabajadores informales.
Por el mismo bloque, Leonardo Grosso celebró que el acta firmada entre el Gobierno y las organizaciones populares fue “la primer paritaria de la economía popular”, cuyo “broche de oro” es la declaración de la Emergencia Social.
En este sentido, aclaró que en este documento “se consiguieron aumentos”, por ejemplo en las partidas para comedores y merenderos, además de un aguinaldo social de 2030 pesos por única vez en diciembre.
También se expresó en el recinto uno de los líderes de la CGT, Héctor Daer (Frente Renovador-UNA), quien respaldó la ley, pidió “autocrítica” al Gobierno y llamó a terminar con “el asistencialismo de los planes sociales”.
Daer, quien conduce la central obrera junto a Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, reclamó además por “trabajo digno” y sostuvo: “No es el camino a la pobreza cero el que encaramos”.
El legislador del Frente Renovador-UNA destacó que “fue fundamental el trabajo de las organizaciones sociales”, que junto a la CGT marcharon hace tres semanas al Congreso en reclamo por la Emergencia Social.
Muy crítico con el proyecto acordado entre el Gobierno nacional y movimientos sociales, y en defensa de su dictamen de minoría, el diputado Néstor Pitrola (FIT) alertó que “la rebelión popular no se puede anular por ley”.
“No recuerdo antecedentes de una tregua de estas características”, manifestó, y denunció que la tregua está coordinada “con la CGT”. Además, para el legislador de la izquierda, el registro contemplado en la ley es “un registro de los candidatos a la precarización laboral”.
Por el Frente para la Victoria, Fernanda Raverta cargó contra la gestión de Mauricio Macri e ironizó que “habría que declarar la emergencia en la gestión de gobierno, no la Emergencia Social”.
Fuente: El Parlamentario.
