Política | La Cámara de Diputados convirtió en Ley el proyecto que establece que 24 ciudades del país sean "capitales alternas", para realizar allí reuniones con parte del Gabinete nacional, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto que declara 24 capitales alternas en todo el país, enviado en febrero por el Poder Ejecutivo, fue convertido en Ley por la Cámara de Diputados en la madrugada de este jueves, con 178 votos afirmativos, 11 negativos y 36 abstenciones.
Las ciudades elegidas son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Cuarto (Córdoba), Goya (Corrientes), Formosa (Formosa), San Pedro (Jujuy), General Pico (La Pampa), Chilecito (La Rioja), Guaymallén (Mendoza) y Concordia (Entre Ríos).
El listado se competa con Oberá (Misiones), Cutral Có (Neuquén), San Carlos de Bariloche (Río Negro), Orán (Salta), Caucete (San Juan), San Luis (San Luis), Caleta Olivia (Santa Cruz), Rosario (Santa Fe), La Banda (Santiago del Estero), Río Grande (Tierra del Fuego) y Monteros (Tucumán).
Todos los votos negativos fueron de diputados de la Coalición Cívica, mientras que las abstenciones fueron del Pro y la UCR, aunque algunos representantes de esos bloques acompañaron la votación.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo González, recordó que “en 1986, con el Plan Patagonia, el presidente Raúl Alfonsín decía que uno de los objetivos de trasladar la capital a Viedma era descentralizar y desburocratizar el poder económico, financiero y político que residía centralmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Esa intención no llegó a convertirse en realidad y “después de eso hubo otros antecedentes, como cuando en 1999 el Gobernador (José Manuel) De la Sota declaró capital alterna a la ciudad de Río Cuarto, o cuando en 2014 Cristina Kirchner dijo que la capital se podía trasladar a Santiago del Estero”, repasó González.
El oficialista dijo que la elección de las ciudades fue consultada con cada provincia y destacó que con la ley algunas dependencias gubernamentales podrán ser relocalizadas. En ese sentido, puso como ejemplo que “la Secretaría de Minería o la de Energía no deberían estar en la CABA”, ya que si estuvieran ubicadas en provincias dedicadas a esas actividades “sería mucho más fácil que el funcionario interactúe con el sector privado” en el territorio.
“El Gabinete Federal va a estar en el lugar que tiene que estar, que es cerca de la gente, y esto va a ayudar a resolver la situación de las provincias”, destacó el santacruceño. En nombre de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna consideró que el proyecto “tiene un carácter testimonial, simbólico, porque nominando a 24 ciudades con el calificativo de capitales alternas no vamos a resolver el desequilibrio federal que hoy tenemos en nuestro país”.
“Hubo muchísimos proyectos a lo largo de la historia, incluso (Domingo Faustino) Sarmiento antes de la Organización Nacional había propuesto la Isla Martín García, pero hubo un presidente que puso el tema en el Congreso con mucha fuerza, Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, quien logró que se apruebe la Ley 23.512 cediendo porciones de su territorio a emplazar una nueva capital”, recordó Menna.
“Lamentablemente -expresó el chubutense- ese sueño no se pudo concretar, pero los patagónicos seguimos bregando por eso”. Por su parte, Sergio Casas, exgobernador riojano, opinó que “es cierto que el proyecto tiene un carácter simbólico, pero también busca ejercer la descentralización de la Administración Pública Nacional aproximando las decisiones del Gobierno al interior del país, y esto marca un hecho importantísimo”.
“Es como sacar a Dios de Buenos Aires para que atienda los problemas concretos del interior profundo”, dijo, aludiendo al refrán que dice que “Dios está en todas parte, pero atiende en Buenos Aires”.
Casas insistió en que la flamante norma “no es lo ideal, pero es un avance significativo”, y destacó que en el caso de su provincia se haya elegido a Chilecito, “el departamento que sigue en orden de habitantes después de la capital”.
El radical Fabio Quetglas consideró que “ojalá fuera así de fácil federalizar, pero la realidad es muy tozuda. Cada vez que hablamos de territorio nos vemos obligados a hablar de desarrollo, y si queremos de verdad discutir la federalización tenemos que salir de esta visión simplista. La ciudadanía nos pide mayor profundidad”.
Quetglas sostuvo que “la federalización no va a ser con capitales alternas: será dándole a nuestro territorio la posibilidad de combinar información, esfuerzos y activos territoriales para adquirir condiciones de competitividad económica y cohesión social. Es imposible federalizar diciendo ‘vamos a federalizar’ o visitando una vez cada 24 meses una provincia. No vamos a federalizar haciendo turismo ministerial”.
Por su parte, Carlos Gutiérrez, titular del boque Córdoba Federal, resaltó que la sesión fue “una jornada histórica en el largo camino de construir esa Argentina federal que tantas deudas mantiene con su interior”.
Al igual que González, rememoró que “Córdoba fue la primer provincia del país en llevar una iniciativa de estas características hace 21 años”, cuando en 1991 De la Sota declaró a Río Cuarto como capital alternativa. “Los riocuartenses sabemos que esa jornada forma parte de las efemérides más importantes de nuestra historia y cambió para siempre la forma de concebirnos como ciudad y como región”, enfatizó.
En primer lugar, se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional el “Programa Gabinete Federal”, destinado a realizar reuniones de trabajo en las provincias entre ministros, secretarios y funcionarios de la Nación con autoridades locales y representantes de la sociedad civil, con el fin de identificar las demandas de la comunidad y coordinar la implementación de políticas públicas. Asimismo, se dispone que el Jefe de Gabinete convocará las reuniones de trabajo con una periodicidad no mayor a 30 días, y considerará prioritariamente a las capitales alternas para definir el lugar de los encuentros.
De acuerdo a la iniciativa, el Ministerio del Interior de la Nación coordinará el proceso de evaluación y selección de los organismos y entidades del sector público nacional, cuyas sedes centrales o delegaciones serán relocalizadas o instaladas en territorio provincial, así como la definición de la locación específica de su asiento.
Finalizado este proceso, la cartera deberá elevar, junto con los titulares de los organismos y las autoridades provinciales y municipales, una propuesta integral a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que se someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, el Ministerio del Interior estará facultado a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias, y se establece que las partidas presupuestarias necesarias serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto.
El artículo sexto se refiere a la descentralización de los organismos del Estado Nacional y la radicación de las dependencias del Gobierno nacional en el interior, “con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen”.
