Política | El demorado dictamen sobre el proyecto de ley saldría la semana próxima, en plena reactivación del debate sobre la corrupción durante la gestión kirchnerista.
La demorada sanción de la ley de extinción de dominio, que permitiría al Estado recuperar bienes obtenidos por la corrupción y el narcotráfico, ha generado una grieta en el oficialismo -con media sanción, estuvo trabada casi 2 años en el Senado-, que ahora busca ser superada con una negociación con la oposición peronista para que el próximo martes pueda obtener dictamen uno de los dos proyectos en danza que buscarían reafirmar así la deshilachada cruzada oficial por la transparencia en momentos que volvieron a la agenda las causas judiciales contra el kirchnerismo con los denominados “cuadernos de la corrupción”.
La traba en la Cámara alta estuvo centrada por las críticas esbozadas por los referentes del oficialismo -como Federico Pinedo- y del sinuoso peronista Miguel Ángel Pichetto por considerar que el texto proveniente de Diputados lesionaba los derechos de propiedad de los acusados y podría ser tachado de inconstitucional ante eventuales demandas judiciales. Fue así que en junio pasado el presidente provisional del Senado presentó un proyecto propio luego de las críticas de algunos sectores del oficialismo por la demora en el debate.
Incluso el Diputado radical Mario Negri azuzó desde las redes sociales, temeroso de que la iniciativa perdiera a fin de año estado parlamentario.
Con todo, el proyecto de Pinedo ahora plantea que la extinción de dominio se tramite “mediante una acción ante la justicia civil, que puede ser iniciada por cualquier fiscal”. Frente al otro proyecto más laxo de Pichetto, semejante a la actual figura del “decomiso”, el texto la autoriza “después de un procesamiento confirmado por un tribunal superior”. Y está destinado a recuperar los bienes adquiridos por delitos de narcotráfico, terrorismo, trata o corrupción.
“Se parece bastante al que planteamos. Hubiese sido mejor debatir el que viene de Diputados, pero no está mal”, sentenció un funcionario consultado.
Es que en la negociación por la extinción de dominio participaron funcionarios de Casa Rosada, de la Oficina Anticorrupción y lógicamente el propio Pinedo.
