Judiciales | El Juez Ariel Lijo ordenó 15 indagatorias, que comienzan hoy, en una causa que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid-19.
La decisión fue adoptada por el Juez Ariel Lijo a pedido del Fiscal Carlos Stornelli, quien apuntó contra exfuncionarios nacionales y empresarios por supuestas maniobras en el proceso de contratación.
Entre los citados a declarar se encuentra la ex-ministro de Salud Carla Vizzotti, quien deberá presentarse en el marco de una ronda de 15 indagatorias que comenzará hoy, 19 de mayo, y se extenderá hasta septiembre.
También fueron convocados el exsubsecretario de Gestión Administrativa Mauricio Monsalvo, el exdirector nacional de Enfermedades Transmisibles Juan Manuel Castelli, la exsubsecretaria de Medicamentos Sonia Tarragona y la exasesora presidencial Cecilia Nicolini.
La causa también involucra a figuras del ámbito privado, entre ellas el empresario Hugo Sigman, el infectólogo Pedro Cahn y representantes de compañías vinculadas a la provisión de vacunas.
Sospechas sobre la negociación con Pfizer
Según el dictamen del Fiscal, la investigación detectó posibles irregularidades en la manera en que el Estado argentino llevó adelante las negociaciones para adquirir vacunas durante el período 2020-2021.
Stornelli sostuvo que, pese a que Pfizer había ofrecido dosis en una etapa temprana, con contactos iniciados en julio de 2020, el Gobierno nacional no avanzó con ese laboratorio y, en cambio, priorizó acuerdos con AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
Los contratos con esas vacunas fueron firmados entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, mientras que las primeras entregas en volumen se concretaron recién entre marzo y abril de ese año.
Para la Fiscalía, si las negociaciones con Pfizer se hubieran impulsado desde un principio, la Argentina podría haber accedido antes a una cantidad significativa de dosis en uno de los momentos más críticos de la pandemia.
“Irregularidades de relevancia penal”
En su presentación, el Ministerio Público Fiscal advirtió que habría existido un direccionamiento en las decisiones oficiales.
Según planteó Stornelli, los funcionarios involucrados “se habrían interesado en beneficiar” a determinados laboratorios, como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik, así como también a sus socios locales, entre ellos quienes participaron en ensayos clínicos o en la producción de las vacunas.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, esa conducta habría implicado demorar deliberadamente las negociaciones con Pfizer en un contexto de emergencia sanitaria.
El Fiscal consideró que los hechos podrían encuadrarse en delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, sostuvo que las demoras no fueron “cuestiones inocuas”, sino que habrían tenido consecuencias concretas, como una menor disponibilidad de dosis en el momento más crítico de la pandemia y la pérdida de la posibilidad de contar con vacunas con mayor anticipación.
La causa continuará con las declaraciones indagatorias previstas para los próximos meses, mientras la Justicia intenta determinar si existieron responsabilidades penales en la estrategia de compra de vacunas durante la emergencia sanitaria.
