Política | Mediante un dictamen firmado por el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dependiente del Poder Ejecutivo, funcionará como órgano auditor de las Universidades Nacionales. Hasta el momento el responsable de esta tarea era la Auditoría General de La Nación (AGN).
Esta medida había sido adelantada hace una semana por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, quien decía que el Gobierno iba a "refutar" el dictamen que el exprocurador del tesoro Carlos Zannini hizo "a medida" a las universidades en relación a su auditoría. Es que en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, quiso "blindar" a la UBA para que no se pudiera llevar adelante una auditoría sobre sus gastos.
Allí indicó que el monitoreo de los gastos debería seguir estando a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, y no de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dependiente del Poder Ejecutivo. Este dictamen es el que el Gobierno reescribió este martes.
"El dictamen firmado por el procurador del Tesoro revierte la situación y vuelve a otorgar a la Sindicatura General de la Nación la capacidad de auditar las Universidades", explica el Gobierno en un comunicado emitido.
El comunicado del Ministerio de Capital Humano
En este sentido, el comunicado indica que el documento firmado por Barra "asegura que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional puede ser aplicado a las casas de estudio, dado que el ejercicio de dicho control no afecta ni contradice la autonomía ni la independencia financiera y administrativa que les otorga la Constitución Nacional".
En el dictamen firmado por Rodolfo Barra se critica a su antecesor, Carlos Zannini. Entiende Barra que de las "distintas pautas interpretativas que se han delineado a lo largo del tiempo", la que terminó siendo "empleada", no fue "la más apropiada para el supuesto analizado".
"Ello no sólo por la complejidad propia de arribar a la intención de un cuerpo colegiado, en el que coexisten opiniones abiertamente contrarias, sino también porque en esta clase de situaciones, exigiría indagar sobre lo expresado por la mayoría de los legisladores, no siendo representativo la simple opinión que puedan haber expresado unos pocos de ellos sobre el tema", agrega Barra en el dictamen.
