Política | La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará este martes 21 de abril un paro nacional, en el marco de un plan de lucha que incluirá protestas en distintos puntos del país y la advertencia de posibles bloqueos en accesos a aeropuertos.
La medida de fuerza tiene como eje el reclamo por la reapertura urgente de paritarias y el rechazo a las políticas de ajuste en la administración pública nacional. Desde el gremio no descartaron la interrupción total del ingreso a terminales aéreas ubicadas en zonas de alto tránsito turístico.
En la Ciudad de Buenos Aires, la principal concentración está prevista para las 11 en la intersección de Avenida Costanera y Jerónimo Salguero, en las inmediaciones del Aeroparque "Jorge Newbery". Además de las acciones en aeropuertos, ATE informó que la jornada incluirá asambleas, radios abiertas y distintas modalidades de protesta en organismos estatales de todo el país, con el objetivo de visibilizar el conflicto en el conjunto del sector público.
El Secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar, aseguró que se agotaron las instancias de diálogo y advirtió que el conflicto podría profundizarse ante la falta de respuestas del Gobierno nacional. Según datos difundidos por el Frente de Sindicatos Unidos, los trabajadores estatales perdieron en promedio 11,9 millones de pesos en los últimos dos años. En esa línea, ATE sostiene que el poder adquisitivo cayó más de un 44% durante la actual gestión.
El sindicato también señaló que los incrementos salariales otorgados recientemente se ubicaron por debajo de la inflación, lo que agrava el deterioro de los ingresos, particularmente en los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06. Aguiar cuestionó la continuidad de las políticas de recorte y advirtió sobre la posibilidad de nuevas cesantías en el Estado.
“La paciencia se terminó”, sostuvo el dirigente, al tiempo que señaló que el Gobierno “agotó el crédito” con los trabajadores.
Desde ATE indicaron que se mantienen en estado de alerta y que evaluarán la continuidad de las medidas de fuerza en función de las respuestas oficiales, en un escenario de creciente conflictividad en el sector público.