Judiciales | La Argentina perdió un fallo por U$S16.000 millones por la expropiación de YPF. Se trata de la sentencia dictada por la Juez Loretta Preska el 15 de septiembre último, en el marco de la demanda por US$16.000 millones que presentó un fondo buitre.
El Gobierno apeló el fallo de la Justicia de Estados Unidos que lo obligaba a pagarle US$16.000 millones al fondo Burford por la expropiación de las acciones de YPF, realizada en 2012 durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.
La presentación había sido adelantada el pasado 8 de septiembre por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, durante la misma jornada en que se conoció la decisión de Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
"El Gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El Presidente analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", dijo la funcionaria en aquel momento.
Ahora, la defensa argentina sostuvo en un texto que el país "apela ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos la sentencia definitiva dictada el 15 de septiembre de 2023, así como todas las órdenes interlocutorias y fallos anteriores a esa sentencia".
Además, advirtió que el desembolso generaría "daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes".
"El país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía", añadió.
La información fue proporcionada por el abogado Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor y especialista en el juicio por YPF, que ya lleva ocho años.
Antes de dictar su sentencia, Preska había dicho en marzo de este año que el Estado argentino expropió mal la petrolera, por lo cual debía resarcir a los demandantes.
En septiembre llegó esa sentencia, que la jueza dejó firme, pero a la Argentina le quedan instancias de apelación para intentar revertir el fallo.
En 2012, el Gobierno de la expresidenta acordó pagarle a la española Repsol -que hasta ese momento controlaba a YPF- un total de US$ 5.000 millones en bonos por la expropiación del 51% de la petrolera.
