Anulan procesamientos por el soterramiento del Sarmiento
Judiciales | Lo dispuso la Cámara Federal porteña y beneficia a varios ex funcionarios que habían sido imputados por presuntos sobornos.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal anuló todos los procesamientos y las faltas de mérito que se dictaron en primera instancia en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pago de coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina. La medida beneficia a exfuncionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López.
Los Camarista Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron que “carecían de fundamentos” las disposiciones que tomó el Juez Marcelo Martínez De Giorgi contra los involucrados en la trama local del escándalo de corrupción que se desató en Brasil con la confesión del propio titular de la firma.
En la Argentina, esa investigación se centró fundamentalmente en los trabajos de soterramiento del Tren Sarmiento porque Odebrecht integró la Unidad Transitoria de Empresas (UTE) a cargo de esa proyecto con las compañías IECSA, Ghella y Comsa S.A..
Irurzun y Bruglia justificaron su decisión al advertir que las medidas que se adoptaron en primera instancia se hicieron sin contar con el detalle de las declaraciones de los arrepentidos en el marco de la causa “Lava Jato”, tal como se la denominó en Brasil.
Incluso, para acceder a esa información los camaristas homologaron en junio pasado el acuerdo que alcanzó el titular de la Fiscalía 5, Franco Picardi, con la Procuraduría del Estado de Paraná del Ministerio Público Fiscal Federal de Brasil.
De esta manera quedaron sin efecto las disposiciones de Di Giorgi, quien avanzó con los procesamientos al considerar que “el hecho que se tuvo por probado es el direccionamiento de la contratación pública de la obra Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en favor de determinados empresarios".
Según el fallo de Martínez De Giorgi "la existencia de la maniobra quedó revelada, entre otras cosas, en cómo se otorgaron pagos de abultadas sumas de dinero a la UTE, mediando modificaciones sustanciales de los términos en que fue inicialmente pautado todo".
En base a este panorama "hay cosas que la sentencia necesariamente tenía que analizar y no analizó", advirtieron Irurzun y Bruglia.
Entre ellas destacaron "si la afirmada acción de los funcionarios públicos de beneficiar a empresarios podía ser asignable a los últimos como partícipes del delito de los primeros".
Entre los empresarios imputados cuya falta de mérito quedó nula están Angel Calcaterra, Jorge Rodríguez, Gianvincenzo Coppi y Lorenzo Ghella.
