Economía | El grupo inversor CIMA SA adquirió el total del pasivo que Vicentín mantenía con un grupo de inversiones internacionales, entre los que se incluían bancos y fondos de inversión, como paso de comienzo de normalización del proceso de concurso preventivo.
Comenzó hace horas a aclararse uno de los procesos económicos más polémicos del gobierno de Alberto Fernández, y que llevó a la primera gran crisis interna dentro de la coalición que lo llevó a la presidencia en fórmula con Cristina Fernandez de Kirchner.
La quiebra del grupo santafesino Vicentín y el intento de nacionalización de la compañía por parte del gobierno anterior, derivó ahora en un cramdown final (propuesta impuesta para salir de la quiebra), al adquirir un grupo inversor la deuda con acreedores privados que mantenía la compañía, con lo que se evitó un cierre y liquidación final por no poder afrontar esa deuda.
Según anunció ayer la justicia santafesina, el grupo inversor CIMA SA adquirió el total del pasivo que Vicentín mantenía con un grupo de inversiones internacionales, entre los que se incluían bancos y fondos de inversión, como paso de comienzo de normalización del proceso de concurso preventivo que lleva adelante desde hace cinco años en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, que maneja el Juez Fabián Lorenzini.
La operación alcanza unos US$ 447.194.396,91 más costas y gastos varios, y fue ya incluida como válida hoy en el expediente judicial el 17 de diciembre de 2024, luego de concretarse el 12 de noviembre.
Según afirmaron los compradores de la deuda, el listado de acreedores llega a IFC por US$ 205.785.014,45, FMO por US$ 122.278.129,55, ING por US$ 46.429.718,73, Rabobank por US$ 22.781.133,64, MUFG por US$ 12.381.296,09, SMBC por US$ 12.381.296,09 y Natixis por US$ 9.934.586,27.
El acuerdo entre el pagador y los acreedores, rondaría los 75 millones de dólares.
El Juez ahora debe trabajar en la negociación con los acreedores locales financieros y los proveedores a los que aún se le debe la regularización de la deuda, y un acuerdo final con los diferentes mercados reales donde aún opera la compañía.
Pero, se supone, que luego de haber solucionado la deuda con los acreedores financieros externos, la negociación con los locales podría destrabarse.
Con este acuerdo se entierra además la batalla por la potencial, y ya lejana, nacionalización de la compañía.
En realidad, fue una de las luchas más promocionadas al comienzo de la gestión de Alberto Fernández, pero que, hacia abril del año pasado, el propio expresidente abandonó, arriando una de las banderas ideológicamente más importantes para, como mínimo, el kirchnerismo en el poder. Y que el albertismo y el resto de la coalición que llegó al gobierno anterior siempre defendió y consideró fundamental.
Ese mes del 2023, el gobierno de entonces avaló el primer acuerdo con los principales acreedores, con lo que la posibilidad de ser nacionalizada, alternativa de máxima, o del ingreso del sector público a través de un proceso de cramdown, alternativa de mínima, quedarán en el recuerdo y reduciéndose a una aventura política más para el recuerdo y la anécdota.
Según se anunció el 13 de abril del 2023, el Juzgado de Reconquista, a cargo del Juez Fabián Lorenzini, aceptó, con el aval de la mayoría requerida de los acreedores, la propuesta formulada por la empresa para negociar un plan de pagos, paso previo e indispensable para una salida formal del concurso preventivo, en el que permanece la empresa desde hace cuatro años.
Si bien la decisión no implicó el cierre del concurso, ya que el resto de los acreedores podrían no haber aceptado la propuesta, puso la decisión final en el escritorio de Lorenzini, quien debería tomar la decisión definitiva; algo que, según la jurisprudencia presente, avalaría el magistrado.
Ese día se alejó la posibilidad de la nacionalización presentada en sociedad por el Presidente Alberto Fernández el 8 de junio del 2020, una decisión planteada por el kirchnerismo, que el jefe de Estado asumió como responsabilidad de toda la coalición gobernante.
La propuesta generó una especie de asonada (la primera) contra el Ejecutivo, encabezada por el sector agrícola en casi unanimidad, la oposición (en medio de la necesidad de apoyo en tiempos de pandemia), parte de la Justicia y, fundamentalmente, el entonces Gobernador de la provincia de Santa Fe Omar Perotti, temeroso de una levantada popular.
Oportunamente, Alberto Fernández había insistido en el desembarque para tomar el control de la compañía, ya no como un gobierno nacional interventor directo, sino como acreedor privilegiado.
La idea era la misma, iniciar así la nacionalización de Vicentín, algo que desde el mismo momento del lanzamiento de la idea en 2020, generó que un puñado de privados, también acreedores, pasaran a la acción para impedir el avance del Estado sobre el control de la compañía.
Los impulsores primarios de la contraofensiva fueron Bunge, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra, los que operaron sobre la compañía en lo que más necesitaba, dinero en efectivo. Se supone que aportaron desde el 2020 unos U$S 300 millones para mantener los giros de flujo y que Vicentin siguiera con vida los últimos años.
Pensar que al comienzo de la embestida la amenaza del Ejecutivo era tomar control de la compañía e ir más allá con ideas que llegaban hasta la posibilidad de dominar a través de Vicentín el comercio exterior de productos primarios, bajo el dominio de una especie de cámara compensadora, suena hoy a una utopía.
Pero lo cierto, mirando atrás en el tiempo, es que la idea de un avance sobre la compañía santafesina fue tomada por el campo, sin mayores vueltas, como un nuevo intento de una Resolución 125. Y el recuerdo del principal conflicto económico y político de toda la era kirchnerista.
Hasta el ahora perdidoso Omar Perotti entendió rápidamente, al convertirse en el primer rebelde a la idea kirchnerista sobre Vicentín. Hacia delante, después de ese junio de 2020, nunca hubo reconciliación. Tampoco explicaciones.
El campo, no sólo el de Santa Fe, continuó su pelea contra el kirchnerismo. Y con ese clima se votó ayer en las elecciones para gobernador local.
Finalmente, con el caso Vicentín sobrevolando las elecciones, Javier Milei resultó triunfador en las elecciones presidenciales del año pasado y el campo fue uno de los principales apoyos para que el libertario llegue al poder.
Pasado el tiempo, en estos días, desde el kirchnerismo se asegura que aquel fallido primer intento de nacionalización de Vicentín fue el primer gran conflicto entre el kirchnerismo y el albertismo. Habría luego más. Muchos más.
Fuente: Carlos Burgueño/MDZ.
