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El subsecretario de Medio Ambiente uruguayo, Jaime Igorra sostuvo que en caso de que no se otorgue el crédito para las papeleras "corresponderá a las empresas decidir qué camino seguir, pero el Banco Mundial no es un juez en este tema", recalcó.
En el marco de la visita a Uruguay de la ombudsman del Banco Mundial, Meg Taylor, se realizó este en el Ministerio de Industria de ese país una reunión con el ministro Mariano Arana y el subsecretario de Medio Ambiente, Jaime Igorra para definir la situación planteada por la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos. Igorra informó que se está buscando "los procedimientos correctos para generar transparencia y confianza para la protección del medio ambiente"
Los funcionarios le entregaron a la enviada de la entidad financiera toda la información en cuanto a los recaudos tomados por Uruguay respecto al impacto ambiental que provocarían las papeleras, publicó esta tarde el diario El Observador.
Igorra manifestó que se está buscando "los procedimientos correctos para generar transparencia y confianza para la protección del medio ambiente en los reclamos lícitos de la población Gualeguaychú y Fray Bentos".
Sostuvo que en el supuesto caso de que no se le otorgue el crédito para la instalación de las plantas "corresponderá a las empresas decidir qué camino seguir, pero el Banco Mundial no es un juez en este tema".
Enseguida insistió ebn que se realizó "una muy buena reunión con los miembros de la CAO (Oficina del Ombudsman)" y que "le hicimos algunas correcciones al informe preliminar porque decía que la Comisión Binacional (de Argentina y Uruguay) no se ha vuelto a reunir y nosotros dijimos que eso no era así, que la Comisión se reúne con fechas preacordadas y les dimos las fechas" de las siete reuniones realizadas.
Los miembros de la Oficina de la Ombudman (CAO) "dijeron que pudo ser un error de traducción y van a corregir el informe", indicó. Igorra señaló que la octava reunión de la Comisión Binacional tendrá lugar el 25 de noviembre en Montevideo.
La misma deberá producir un informe para el 30 de enero de 2006 a más tardar, a los 180 días de la primera reunión.
La CAO realiza un informe para la Corporación Financiera Internacional y para el Organismo Multilateral de Garantías de Inversión -ambas del BM, que estudian si apoyarán con créditos los proyectos de Botnia y Ence- en función de las demandas planteadas por grupos ambientalistas de Argentina y Uruguay, el gobierno de la provincia argentina de Entre Ríos y el gobierno federal argentino. "Ellos tienen conciencia de que el informe no va a dejar a todos conformes", señaló Igorra.
Taylor llegó a Montevideo procedente de Argentina, donde se reunió con el canciller Rafael Bielsa y el gobernador, Jorge Busti.
Por su parte, el vocero de Taylor, Manuel Rodríguez Becerra, dijo que la recomendación está dirigida para que el estudio de impacto ambiental se realice de forma lo más "transparente y abierta posible" y señaló que se debe hacer un "período de consulta con las comunidades y las partes interesadas".
"La corporación Financiera Internacional ha anunciado que el estudio lo terminaría en el mes de diciembre y esta reunión fue para darle al gobierno uruguayo cuál es la intención de nuestras conclusiones y el intercambio y esto fue muy positivo", concluyó.