Uruguay dijo que Argentina no tiene derecho a vetar las pasteras

El equipo de letrados de la República Oriental del Uruguay defendieron hoy en su réplica final en el litigio sobre las papeleras de Fray Bentos, ante el tribunal de La Haya, que la Argentina no tiene “derecho a veto” sobre el proyecto por cuanto el Estatuto del Río Uruguay obliga a las partes a hacer consultas para desarrollar estos proyectos, pero no contiene ninguna mención “explícita” a un derecho de veto sobre su construcción. En ese sentido, el profesor de Derecho de la Universidad de Florencia, Luigi Condorelli afirmó ante el tribunal internacional que “lo admita o no Argentina, estamos ante un silencio del texto que permite diversas interpretaciones: para Argentina ofrece derecho de veto, para Uruguay es lo contrario”, expresó. Los expositores por el lado uruguayo fueron el embajador en Francia, Héctor Gros Espiell, Alan Boyle, Luigi Condorelli y Paul Riechel, quienes reiteraron aspectos que habían sido considerados en la instancia del primer día respecto de las garantías y el compromiso del gobierno para proteger la salud de la población y el medio ambiente. Al respecto, Gros Espiell afirmó que “mi país propone y reitera su oferta de realizar monitoreos constantes de las plantas de celulosa”, pero también agregó dos datos a su argumentación: en primer lugar señaló que durante las intervenciones, Argentina se refirió a las cuestiones de fondo del conflicto y de manera “secundaria y mínima” a las razones por las que solicita al tribunal evalúe adoptar medidas cautelares; y en segundo lugar hizo mención a los bloqueos de ruta que comunican con los puentes fronterizos. Según el letrado, la Corte Internacional de Justicia debe definir si solicita a Uruguay paralizar o no la construcción de las plantas mientras dura el litigio, pero destacó “la omisión” del gobierno argentino de evitar referirse a los cortes de rutas, que “agravaron el conflicto”, sugirió. En ese sentido, Gros Espiell agregó que las protestas de los vecinos de Gualeguaychú y Colón dejaron pérdidas cercanas a los 500 millones de dólares al país. En tanto, Alan Boyle destacó aspectos vinculados a las preocupaciones de Argentina por la contaminación y que las mismas se asocian a la ubicación que tienen las plantas de celulosa, pero replicó que Uruguay no puede aceptar que Argentina le indique donde deben localizarse las plantas; pero también cuestionó el planteo argentino, al calificar los argumentos sobre contaminación como “poco serios”.