Uruguay defendió a Botnia atacando los cortes de ruta

Al presentar sus argumentos, la delegación uruguaya acusó a la Argentina de no haber presentado ningún informe independiente sobre los efectos medioambientales de la papelera- en funcionamiento desde noviembre de 2007- sobre el río Uruguay y su ecosistema. También afirmaron que "las autoridades de Argentina no realizaron ningún esfuerzo para impedir" los cortes de ruta y consideraron que la solicitud de desmantelar Botnia "es absolutamente desproporcional a la realidad". Para Montevideo, solamente hay "un remedio" a este conflicto: "que la Corte afirme su derecho (de Uruguay) de que la celulosa opere de acuerdo con el Estatuto de 1975", mantuvo el letrado. También instó al máximo órgano judicial de la ONU a no desaprovechar "la única oportunidad de aportar una solución pacífica" a la disputa entre Uruguay y Argentina, que desde 2006 están enfrentadas en esa Corte por un conflicto "largo y desagradable". Los uruguayos invitaron a la Corte a que considere como únicos estudios independientes los elaborados o encargados por la Corporación Financiera Internacional (IFC, en sus siglas en inglés), que es un miembro del Grupo Bancario Mundial. Esos informes concluyeron que la actividad de Botnia "aporta beneficios económicos significativos para Uruguay sin causar daño medioambiental al río", recordó Reichler. Argentina solicitó por su parte la semana pasada a los jueces que ordenasen la paralización de la actividad de la planta celulosa, el cambio de uso de sus instalaciones o su desmantelamiento como solución al conflict. En la última jornada de alegatos de Uruguay, en esta primera ronda de presentaciones, en la que se continuó con los aspectos legales del juicio. El profesor de Derecho de la Universidad de Florencia, Luigi Condorelli, consideró "inaceptable" y "desproporcionado" que Argentina vea "el desmantelamiento de la planta" como única solución al conflicto, incluso en el caso de que la actividad de la celulosa Botnia no suponga un daño medioambiental al río. Condorelli recordó que el Estatuto de 1975 recoge medidas como "compensación" y "remedio" adecuado en el caso de que una de las partes haya causado contaminación en el río. Argentina desestima cualquier compensación y aboga por una "restitución íntegra": recuperar la situación del río antes de la construcción de la celulosa como única solución al conflicto. Acerca de la "indemnización adicional" de daños solicitada por Argentina, Uruguay dijo que Buenos Aires tiene que demostrar primero que esos daños -como las pérdidas del sector turístico o pesquero- son una consecuencia directa de la actividad de la celulosa. Buenos Aires elevó el conflicto sobre las papeleras a la CIJ en mayo de 2006, con la aseveración de que el país vecino violó el tratado del Río Uruguay cuando autorizó la construcción de dos plantas de celulosa en su ribera del río.