| Se trata del titular de la cartera de Minas y Energía, Silas Rondeau, casi un par en funciones de Julio de Vido. El funcionario está siendo investigado por la policía por recibir sobornos de una constructora.
El ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau, presentó esta noche su renuncia al presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, en el principal escándalo del segundo mandato del PT.
El funcionario está siendo investigado por la Policía Federal por recibir sobornos -por unos 50 mil de dólares- de parte de una constructora acusada de comandar una red de corrupción. Se trata del primer gran caso de corrupción del segundo mandato de Lula, en línea con una multitud de hechos de su primera gestión.
La información de la dimisión de Rondeau fue dada a conocer por la senadora Rosana Sarney. "Fue la mejor solución", sostuvo la legisladora en declaraciones que formuló esta noche al diario O Globo de Río de Janeiro. "Preparen todo, voy a presentar mi renuncia", dijo, por su parte, el ahora ex funcionario, antes de llegar a la Casa de Gobierno brasileña para presentar su dimisión.
Voceros de la presidencia habían anunciado que el mandatario tenía previsto reunirse con el funcionario y con el ex presidente José Sarney -considerado el padrino político de Rondeau-, quien proclamó su inocencia sobre los cargos que se le imputan pero que aceptó que podría alejarse de su cargo para preservar al gobierno de Lula Da Silva del escándalo.
El “Operativo Navaja” fue lanzado por parte de Policía Federal brasileña y desencadenó la detención de casi medio centenar de políticos, funcionarios públicos, empresarios y ejecutivos acusados de formar parte de la red ilegal. Entre los 48 arrestados acusados de desviar50 millones de dólares del Tesoro en un año -mediante fraudes en obras públicas- se encontraba Ivo Costa, un asesor directo del ministro de Minas y Energía.
Entre los elementos que podrían resultar comprometedores para el ministro, la cadena TV Globo mostró imágenes aparentemente filmadas por la policía en las que una enviada de la constructora Gautama habría llegado al gabinete del ministro con un sobre que contendría el dinero, el pasado 13 de marzo. Las imágenes y grabaciones indican que la policía siguió el dinero y a los emisarios desde que salieron del banco hasta el gabinete del ministro.
Rondeau no sale directamente, pero sí su asesor especial Ivo Almeida Costa, que está detenido. “No tengo absolutamente nada que temer de un proceso como ese. Estoy absolutamente convencido de que no existe nada que pueda comprometerme”, había asegurado Rondeau.
Las averiguaciones deben proseguir “duelan a quien duelan”, dijo el mandatario a un grupo de ministros reunidos hoy en el Palacio del Planalto. En tanto que, el pedido de alejamiento del ministro Rondeau, ya había sido solicitado por la ministra Eliana Calmon, quien hoy continuó tomando declaración a los imputados.
Según el ministro de Justicia, Tarso Genro, Lula ordenó que las investigaciones sigan hasta las últimas consecuencias. Los investigadores de la Policía Federal, en tanto, sostienen que el grupo desvió recursos de los ministerios de Minas y Energía, de Integración Nacional, de Ciudades y Planificación, y del Departamento Nacional de Infraestructura y Transportes (DNIT), y planificaba defraudar en contratos de obras públicas previstas en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), impulsado por Lula.
Entre los funcionarios involucrados en el escándalo, además del asesor directo de Rondeau, figuran el ex gobernador del Estado de Maranhao, José Reinaldo Tavares, del Partido Socialista Brasileño (PSB), el director del Banco Regional de Brasilia, Roberto Figueiredo Guimaraes, cinco secretarios de la gobernación de Alagoas y el ex diputado del Partido Popular Socialista (PPS), José Ivan de Carvalho PaixÆo.
En total, el escándalo salpica a integrantes de nueve partidos políticos, de todas las tendencias, incluso de la oposición. Pese a ello, algunos líderes de partidos opositores anunciaron que lucharán por crear una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el caso, lo que requiere del voto favorable de por lo menos un tercio de los 513 diputados federales.
Fuente: Télam.