El subsecretario de Medio Ambiente de ese país, Jaime Igorra, a quien el gobernador Jorge Busti trató en repetidas oportunidades de “mentiroso”, dijo que su cartera está de acuerdo con llevar el litigio ante un tribunal arbitral, pero que éste debe ser el del MERCOSUR.
Según la prensa uruguaya, en caso de que prosiga la vía de La Haya, el gobierno oriental prevé llevar como testigos a los auditores del Banco Mundial, los mismos que la Cancillería argentina y el gobierno entrerriano han impugnado por parciales, y cuyo informe fue además cuestionado por falencias técnicas.
También, afirman, aportarían pruebas documentales de que la provincia de Entre Ríos pretendió en algún momento instalar plantas de celulosa.