| La remisión hoy del polémico programa nuclear iraní al Consejo de Seguridad de la ONU es el punto culminante de una disputa que mantienen Irán y la comunidad internacional desde hace más de tres años.
El inicio de las suspicacias internacionales comenzaron en diciembre del año 2002, cuándo una emisora de televisión estadounidense difundió fotos por satélite de dos instalaciones nucleares iraníes desconocidas hasta entonces, en las localidades de Arak y Natanz.
En Arak, el régimen islámico planeaba construir un reactor moderado por agua pesada -agua formada con átomos de hidrógeno pesado-, mientras que Natanz debería convertirse en la principal planta del país para enriquecer uranio.
Los materiales producidos en estas dos instalaciones -plutonio en el caso de Arak, y uranio enriquecido en el caso de Natanz- tienen aplicaciones civiles pero también sirven para la construcción de bombas atómicas.
En febrero de 2003, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Mohamed El Baradei, viajó por primera vez a Irán y visitó personalmente algunas instalaciones.
A continuación, los primeros inspectores del OIEA empezaron a investigar las nuevas instalaciones, que en algunos casos fueron camufladas como fábricas agrícolas.
En junio de 2003, El Baradei aseguró que Irán había mantenido algunos aspectos de su programa nuclear en secreto durante 18 años.
Bajo una fuerte presión internacional, Irán aceptó en octubre de 2003 suscribir el Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación de armas nucleares (TNP), que permite inspecciones casi sin aviso previo de todas sus instalaciones atómicas.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido (UE-3) pactaron con Irán el mismo mes una moratoria de su programa de enriquecimiento de uranio, considerado la parte más sensible del programa nuclear iraní.
En febrero de 2004 el OIEA descubrió que una red clandestina de tráfico de materiales y equipos nucleares, liderada por científico paquistaní, Abdul Qadeer Khan, también había entregado tecnología y conocimientos nucleares a Irán.
En septiembre del mismo año, EEUU pidió por primera vez sanciones contra Irán por la supuesta amenaza que supone su programa nuclear.
Dos meses más tarde, la UE-3 firmó con Irán el llamado "Acuerdo de París", que prevé la suspensión total de todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio durante el proceso de negociación.
Apoyada por EEUU, la UE-3 ofrecía a Irán una serie de incentivos comerciales, nucleares, y hasta militares, a cambio de un abandono definitivo de su programa de enriquecimiento de uranio.
En mayo de 2005, el primer ministro británico, Tony Blair, amenazó por primera vez con recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU si Irán rompía el Pacto de París.
Tras la victoria electoral del ultraconservador Mahmud Ahmadineyad, en junio de 2005, las negociaciones nucleares entre la UE-3 e Irán se tornaron mucho más difíciles.
Teherán informó en agosto de que pondría en funcionamiento parte del proceso de conversión de uranio en Isfahán y rechazó como "inaceptables" los incentivos económicos propuestos por la UE-3.
En esa planta se convierte concentrado de uranio en un gas llamado UF6 que sirve para enriquecer uranio, lo que la UE consideró que formaba parte del programa para enriquecer ese material e interrumpió las negociaciones con Teherán.
El 24 de septiembre, la Junta de Gobernadores del OIEA constató por primera vez en una resolución que Irán había violado en el pasado su obligaciones de salvaguardias (controles) internacionales.
Eso requiere, según el estatuto del OIEA, una notificación al Consejo de Seguridad de la ONU, aunque la resolución no incluía un plazo concreto, para darle más tiempo a varias iniciativas diplomáticas.
En octubre de 2005, Ahmadineyad causó una ola internacional de protesta al declarar que Israel debía ser "borrado del mapa", lo que aumentó todavía más la desconfianza sobre sus intenciones nucleares.
Rusia presentó una propuesta que prevé enriquecer uranio para Irán en su territorio en el marco de una sociedad internacional en la que también participase la República Islámica.
De esta forma, Irán no perdería su autonomía a la hora de producir combustible nuclear, y la comunidad internacional podría estar segura de que ningún material es desviado para fines militares.
A pesar de negociar con los rusos, Irán decidió el 9 de enero de 2006 romper los precintos del OIEA que sellaban tres de sus instalaciones nucleares y anunció el inicio de trabajos de "investigación nuclear".
Como respuesta, la UE-3 convocó para el 2 de febrero una reunión de emergencia de la Junta de Gobernadores del OIEA, en la que esperaba reunir suficiente apoyo entre los 35 países de la ejecutiva para remitir el caso al Consejo de Seguridad de la ONU.
Pocos días antes de la reunión, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -EEUU, Rusia, China, Francia y el Reino Unido-, más Alemania y la UE, acuerdan en Londres que la Junta debe enviar el expediente iraní al órgano máximo de Naciones Unidas.
Después de tres días de intensas negociaciones sobre cómo redactar una resolución, 27 de los 35 países de la Junta aprobaron remitir el expediente iraní al Consejo de Seguridad de la ONU, que sin embargo no entrará en acción hasta marzo.
La resolución pide que Irán suspenda su programa de enriquecimiento de uranio y mejore su cooperación y transparencia con el OIEA.
Entre los países que votaron a favor destacan China, Rusia, Brasil y Egipto, que en la reunión de la Junta en septiembre de 2005 se abstuvieron; mientras que Cuba, Venezuela y Siria, el principal aliado de Irán en Oriente Medio, la rechazaron.
Pocas horas después de adoptarse la resolución, Teherán anunció que limitará el acceso del OIEA a sus instalaciones atómicas y que reiniciará su programa de enriquecimiento de uranio a pleno rendimiento.
Fuente: AP