| La medida fue dispuesta por la justicia española, en el marco de una demanda por presunto fraude. La viuda del ex presidente Juan Domingo Perón todavía tiene pendiente de resolución en España dos órdenes de extradición de la justicia argentina.
La Justicia española ordenó el embargo preventivo de más de siete millones de dólares de la viuda de Juan Domingo Perón y ex presidenta María Estela Martínez, en el marco de una demanda por presunto fraude, informaron hoy fuentes judiciales.
La jueza del Juzgado Número 2 de Móstoles, al sur de Madrid, Pilar Saldaña, accedió a la petición de la Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos (FUNPAZ), dirigida por Mario Rotundo, un ex colaborador del general Perón, que le reclama a "Isabelita" la suma de 7.758.747 dólares, la misma especificada en el embargo.
FUNPAZ había solicitado este embargo para asegurarse que se pueda pagar la cantidad reclamada en este caso, después que la justicia argentina cursara dos órdenes de extradición, actualmente en trámites en España, contra la viuda de por delitos de detención ilegal, torturas, asociación ilícita y homicidio.
La magistrada ha decretado el embargo porque "de la índole de los delitos por los cuales se solicitó la extradición de María Estela Martínez podrían resultar responsabilidades económicas de la misma, que disminuirían o incluso harían desaparecer su patrimonio", lo que podría hacer "imposible o sumamente dificultosa la sentencia condenatoria" que pudiera resultar en este otro caso.
El embargo afecta a los "bienes de María Estela Martínez Cartas y, en concreto, de la vivienda y los muebles" que Isabelita tiene la localidad de Villanueva de la Cañada (oeste de Madrid), así como los "depósitos bancarios y saldos favorables que arroje" una cuenta bancaria de la que es titular la ex presidenta argentina, "hasta cubrir la cantidad de 7.758.747 dólares".
FUNPAZ afirma que el dinero que reclama a Isabelita proviene de los bienes que supuestamente la propia ex presidenta argentina donó a esa entidad según una escritura pública firmada el 20 de abril de 1990 en Madrid.
Abogados de FUNPAZ citados por la prensa local aseguraron en su momento que el objetivo de dicha escritura era cumplir la "voluntad de Perón", cuyo colaborador entre 1955 y 1973 durante su exilio en España fue justamente Rotundo.
Isabelita, que vive en España desde principios de los años 80, tras estar varios años detenida después que el 24 de marzo de 1976 fuera derrocada por el golpe militar que se prolongó hasta 1983, tiene pendiente de resolución en España dos órdenes de extradición de la justicia argentina.
Dos jueces federales argentinos la reclaman por su presunta responsabilidad en una causa sobre la desaparición de 10 personas en acciones de la banda ultraderechista Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), así como en otro caso por la desaparición del militante político Héctor Fagetti y la detención del menor Jorge Valentín Berón, en febrero de 1976, cuando la presidencia argentina estaba a su cargo.
En ambos casos, Isabel Perón rechazó su extradición a Argentina. La última palabra la tiene el gobierno español.
