| Los acuerdos refieren a la jurisdicción especial a la que se someterán quienes cometieron crímenes durante los 50 años de conflicto, que ha dejado 220.000 muertos y 6 millones de desplazados. En 6 meses se firmará el acuerdo final de paz.
La puerta del fin del conflicto colombiano cuenta desde este miércoles con una llave maestra, tras la firma en La Habana de un histórico acuerdo para la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz.
El acuerdo, rubricado en presencia del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Timoleón Jiménez, es el cuarto que se alcanza en la capital cubana de una agenda de seis que se discute desde el 19 de noviembre del 2012.
Ya han sido pre acordados los temas de solución al problema de la tierra, drogas ilícitas y participación política. Después del de víctimas, resta por resolver la Implementación, verificación y refrendación del acuerdo y el fin del conflicto en sí mismo.
Según un Comunicado Conjunto leído por los garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, reafirma el compromiso de las partes con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera.
"Hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas", añade.
En cuanto al espinoso tema de la justicia, tras más de medio siglo de enfrentamientos y cientos de miles de víctimas, las partes acordaron la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz.
"Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición".
En ese sentido, se prevé que se cumpla lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario y el gobierno colombiano otorgue la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos.
Sin embargo, "en todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves".
La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado.
Se establece también que existirán dos tipos de procedimientos uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente.
"Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado".
Por último, el texto establece que la transformación FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.
