Judiciales | Ex Comisario de Basavilbaso afronta un juicio en el que enfrenta imputación de delito de peculado y un pedido de condena de 4 años.
A comienzos de noviembre de 2019, el entonces Comisario Mayor Miguel Pérez, Jefe de la Departamental Uruguay, decidió cambiar al jefe de la Comisaría de Basavilbaso, designando en su lugar al Subcomisario Lorenzo Ramallo.
La localidad, la segunda en importancia del Departamento Uruguay, recibía a un nuevo jefe policial que tendría como compañero de gestión al Oficial Principal Alberto Decurgez.
Ambos funcionarios rápidamente se ganaron la confianza de la comunidad con una gestión que se caracterizó por fomentar el vínculo entre la ciudadanía y la policía.
A pesar de las limitaciones en cuanto a personal y recursos, los vecinos percibían una mayor presencia policial en las calles y valoraban lo que consideraban un avance en materia de seguridad.
Sin embargo, hacia finales de diciembre de 2022, un cambio inesperado alteraría esta imagen positiva. En medio de las festividades de fin de año, la Comisaría de Basavilbaso se vio envuelta en una investigación interna.
El Comisario Ramallo fue removido de su cargo "por razones administrativas", según informó una alta fuente de la Jefatura Departamental, y trasladado a una dependencia en Concordia.
La investigación giraba en torno a un manejo irregular del combustible destinado a la policía, que Ramallo habría utilizado para su camioneta particular, un vehículo que, aunque no pertenecía a la fuerza, era frecuentemente empleado para operativos policiales.
La acusación: uso indebido de combustible público La cuestión administrativa observada desde la Jefatura Departamental se centraba en la utilización de combustible en un vehículo particular para funciones oficiales.
Ramallo fue notificado luego de que se llevara a cabo un procedimiento en una estación de servicio Axion ubicada en el Acceso Oeste de Basavilbaso. Posteriormente, fue formalmente informado de su traslado a Concordia.
El conflicto, sin embargo, no terminó con el traslado. En la primera semana de octubre de 2023, Lorenzo Ramallo fue sometido a juicio por el delito de peculado.
La Fiscalía lo acusa de haber utilizado combustible, pagado con fondos públicos destinados a patrulleros, para su vehículo particular entre noviembre de 2020 y diciembre de 2022.
La Fiscal María José Labalta, a cargo del caso, sostiene que el comisario cargaba combustible en la estación Axion de Basavilbaso usando la cuenta de la Jefatura de Policía de Concepción del Uruguay.
Un juicio marcado por la precariedad policial
El debate, según informó desde la cabecera del Departamento el periodista Pablo Bianchi, se extendió durante cuatro jornadas, expuso la precariedad con la que operan muchas comisarías de la provincia.
En Basavilbaso, durante la gestión de Ramallo, la Comisaría contaba con solo dos patrulleros que a menudo se encontraban en mal estado o en reparación, lo que habría motivado al comisario a utilizar su camioneta Volkswagen Amarok para asistir a operativos.
La defensa de Ramallo, a cargo del abogado Eduardo Gerard, basó su estrategia en esta situación de precariedad, argumentando que el comisario utilizaba su vehículo personal para poder cumplir con sus funciones en beneficio de la comunidad.
Además, señaló que, si bien Ramallo admitió haber cargado combustible en su vehículo, lo hacía con la intención de garantizar el funcionamiento de la comisaría y no para beneficio personal.
Entre los testimonios que se presentaron durante el juicio, se destacaron los de funcionarios locales como el actual intendente de Basavilbaso, Mario Hernán Besel, y el Diputado Gustavo René Hein, este último estaba en el último mes como Intendnetes (siendo Diputado Nacional electo) cuando Ramallo llegó a la ciudad.
Ambos declararon no tener conocimiento de una cuenta en la estación de servicio Axion del Acceso Oeste de la ciudad y que, históricamente, el combustible se cargaba en estaciones YPF, cooperativas o a través de donaciones.
Además, coincidieron en que el uso del vehículo personal del comisario Ramallo era de conocimiento público y se veía como una muestra de su compromiso con la localidad.
Acusación y defensa: puntos de vista enfrentados
Durante los alegatos finales, la Fiscal Labalta sostuvo que la conducta ilegal de Ramallo estaba probada.
Según la Fiscal, el Comisario habría utilizado combustible destinado a patrulleros para su propio beneficio, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad. Citó testimonios que confirmaban que el personal policial de la comisaría no cargaba en la estación Axion y que la dependencia siempre había utilizado otros puntos de carga.
Por su parte, la defensa insistió en que Ramallo había actuado de buena fe, utilizando su vehículo personal para suplir las carencias de la comisaría.
Gerard argumentó que, si su cliente hubiera querido apropiarse del combustible, lo habría hecho de una manera más sistemática y discreta. Además, resaltó que durante la gestión de Ramallo se había fortalecido la seguridad en Basavilbaso, lo cual era un indicador de su compromiso con la comunidad.
Expectativa por el fallo
El juicio, presidido por la doctora Melisa Ríos, concluyó con la solicitud de la fiscalía de una pena de cuatro años de prisión efectiva para Ramallo, mientras que la defensa pidió su absolución o, en su defecto, una sanción mínima.
El fallo será anunciado el próximo lunes 21 de octubre, y tanto la comunidad de Basavilbaso como la policía local esperan con expectativa la decisión del Tribunal.
Sea cual sea el resultado, el caso de Lorenzo Ramallo ha expuesto la tensión entre la falta de recursos en las fuerzas de seguridad , planteando interrogantes sobre cómo equilibrar el compromiso personal de los funcionarios con el cumplimiento estricto de la normativa.
