Política | La iniciativa de Más para Entre Ríos fue sancionada con el respaldo de Nueva Generación y el voto en contra del oficialismo. El debate expuso coincidencias sobre el objetivo, reparos sobre la redacción y fuertes diferencias entre los bloques.
El Concejo Deliberante de Basavilbaso sancionó este jueves la ordenanza que crea el Sistema de Registro Audiovisual para el Control de Tránsito. Este sistema está destinado a registrar operativos, constataciones de infracciones y las interacciones entre inspectores municipales y ciudadanos en la vía pública.
La iniciativa fue impulsada por el bloque Más para Entre Ríos y consiguió la aprobación con los votos de sus integrantes y de los dos concejales de Nueva Generación. El bloque oficialista votó en contra.
La discusión mostró una particularidad: desde el oficialismo hubo coincidencias con el espíritu y los objetivos generales de la propuesta, especialmente respecto a la conveniencia de incorporar herramientas tecnológicas que brinden mayor transparencia y seguridad a los procedimientos.
Sin embargo, las principales objeciones estuvieron dirigidas a la redacción y los alcances de diferentes disposiciones de la iniciativa, aspectos sobre los cuales los representantes oficialistas formularon agudos cuestionamientos durante el debate en el recinto.
Cruces por el trabajo en comisiones
Las críticas del oficialismo generaron una respuesta desde Nueva Generación, cuyos integrantes cuestionaron que varias de esas objeciones no hubieran sido planteadas previamente durante el tratamiento del proyecto en las reuniones de comisión.
El intercambio fue subiendo de tono y trascendió la discusión estrictamente técnica sobre el sistema de cámaras.
Durante las intervenciones, se deslizaron comentarios que dejaron entrever que entre algunos integrantes del cuerpo las diferencias no serían solamente políticas, sino también personales.
Ese clima atravesó parte del debate previo a la votación, aunque finalmente no modificó las posiciones que cada bloque había asumido respecto a la iniciativa.
Cámaras para los agentes y los móviles
La ordenanza establece que el sistema estará integrado por cámaras corporales que los agentes deberán llevar de manera visible en sus uniformes, y dispositivos de grabación instalados en los vehículos oficiales de Tránsito.
Las cámaras de los móviles tendrán capacidad para efectuar registros frontales y ambientales del entorno donde se desarrollen los operativos. Los agentes que porten dispositivos deberán exhibir además una identificación que informe a los ciudadanos sobre la existencia del registro audiovisual. "La Dirección de Tránsito Municipal" será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo el protocolo de utilización.
El Departamento Ejecutivo contará con 60 días desde la promulgación para reglamentarlo.
Uno de los aspectos centrales de la norma es que las imágenes tendrán valor de prueba documental ante el Juzgado de Faltas Municipal. “El presunto infractor tendrá derecho a visualizar el registro relacionado con su causa para efectuar su descargo y ejercer su derecho de defensa”.
El sistema también busca proteger a los trabajadores municipales frente a situaciones de conflicto, resistencia o agresión durante los controles y ofrecer garantías al ciudadano ante eventuales cuestionamientos sobre el desempeño de un inspector.
Qué ocurrirá ante una falla
La inexistencia de una grabación por causas ajenas al agente —como desperfectos técnicos, agotamiento de batería, falta de memoria o una rotura accidental— no invalidará el acta de infracción.
Tampoco generará responsabilidad para el trabajador siempre que haya informado formalmente el inconveniente mediante el mecanismo correspondiente.
La norma determina que no se admitirán reportes retroactivos. El Municipio deberá garantizar el mantenimiento de los equipos y los inspectores tendrán que verificar su funcionamiento al comenzar cada jornada.
Registros confidenciales por al menos 90 días
Las imágenes y audios obtenidos tendrán carácter confidencial y solamente podrán utilizarse con fines administrativos o judiciales.
Al terminar cada turno, deberán descargarse en un servidor municipal centralizado y estará prohibida su edición, eliminación manual o difusión sin autorización. Las grabaciones deberán conservarse durante un período mínimo de 90 días corridos.
Cuando estén relacionadas con un proceso administrativo, judicial o una investigación interna, tendrán que preservarse hasta la resolución definitiva de la causa.
Derechos para quienes sean filmados
La ordenanza también contempla los derechos de las personas registradas durante los procedimientos.
Los ciudadanos podrán solicitar información sobre la existencia de filmaciones que los involucren y, bajo las condiciones establecidas, acceder a su visualización.
Cuando haya finalizado el período obligatorio de conservación y no exista una causa o investigación pendiente, podrán solicitar la eliminación del material que los identifique.
La "Dirección de Tránsito" deberá reglamentar el procedimiento y responder las solicitudes dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles.
Capacitación antes de utilizar las cámaras
El personal de Tránsito deberá recibir capacitación obligatoria antes de la puesta en funcionamiento del sistema.
La formación abarcará el manejo técnico de los dispositivos, la descarga y preservación de los archivos, protección de datos personales, límites legales para la captación de imágenes y procedimientos ante desperfectos.
La edición, eliminación, sustracción o difusión no autorizada de las grabaciones será considerada una falta grave, independientemente de las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder.
Acuerdo en el objetivo, diferencias en el camino
La votación dejó así una situación particular dentro del Concejo: los cuestionamientos del oficialismo no estuvieron dirigidos necesariamente contra el objetivo de incorporar registros audiovisuales a los controles, sino contra aspectos de la formulación y los alcances de la ordenanza presentada por la oposición.
Más para Entre Ríos defendió su iniciativa y encontró en Nueva Generación los votos necesarios para convertirla en ordenanza. El debate también dejó planteada una discusión sobre el funcionamiento de las comisiones.
Desde Nueva Generación se cuestionó que reparos expuestos con énfasis durante la sesión no hubieran sido formulados en esa instancia previa, donde existía la posibilidad de discutir modificaciones al articulado.
Los cruces terminaron mostrando además un HCD atravesado por diferencias que, al menos en algunos pasajes de la sesión, parecieron exceder el debate partidario y alcanzar el terreno de las relaciones personales entre concejales.
Con la Ordenanza sancionada, el próximo paso estará en manos del Departamento Ejecutivo, que deberá avanzar con su promulgación y reglamentación para que el nuevo sistema pueda ser implementado.
