Judiciales | El Fiscal Diego Luciani afirmó que Cristina Kirchner, siendo Presidente, dispuso la creación de un canal de pagos ilegal, preferencial y secreto. El funcionario mostró en la audiencia de este martes que Lázaro Báez logró 1.317 pagos adelantados.
En el juicio oral y público contra la Vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner continuó este martes por la tarde con la descripción realizada por el Fiscal Diego Luciani de “un canal privilegiado” de pagos al empresario y exsocio de la familia Kirchner Lázaro Báez “con dinero de todos los argentinos”, que funcionó entre 2010 y 2015, durante los dos gobiernos de la entonces mandataria.
Uno de los mecanismos para presuntamente desviar fondos del Tesoro Nacional hacia las empresas de Báez se implementó a través de la Rresolución 899/2010 de la Dirección Nacional de Vialidad, sostuvo Luciani este martes por la tarde.
La Resolución fue elaborada a pedido de Nelson Periotti, entonces titular del organismo, y buscó “elaborar un mecanismo que permita agilizar los pagos que el suscripto entienda pertinente debido a situaciones ajenas a esta Repartición y no contempladas con anterioridad al desarrollo de la obra, como ser inundaciones, veda climática, terremoto, razones de fuerza mayor, etc.”, según una nota elevada por el funcionario a Sergio Passacantando, entonces gerente general de Vialidad.
A través de esta Resolución oficial “la administración pública benefició a Lázaro Báez con los denominados pagos adelantados que se crearon a medida del empresario”, dijo Luciani.
Periotto y Passacantando siempre negaron las acusaciones. Sus abogados responderán en los alegatos. Respuesta de juan Chediak, entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, a la Justicia desconociendo la existencia de la resolución utilizada por Báez para cobrar por adelantado.
El Fiscal explicó en los procedimientos normales, la obra pública se va pagando según se ejecuta a lo largo del tiempo, y cuando las empresas presentan los certificados de avance de la obra, Vialidad inspecciona y si autoriza los pagos, estos se ejecutan una vez cumplida la fecha de vencimiento del certificado con 30 días de plazo.
Pero en el caso de las constructoras del exsocio de la familia Kirchner, “las certificaciones se pagaban antes de su vencimiento, incluso en casos en que las obras no se ejecutaban. Le daban todo”, aseguró Luciani.
Luciani mostró un cuadro en el que sostuvo que de los 1.336 pagos por adelantado que autorizó Vialidad Nacional entre 2010 y 2015, 1.317 fueron otorgados exclusivamente a las empresas de Báez.
Es decir, más de 98,5%. También sostuvo que “otras empresas no reclamaron pagos anticipados en base a la resolución 899/2010 porque la existencia de esta resolución les fue ocultada deliberadamente, no fue publicada en el Boletín Oficial ni en la página de Vialidad, tampoco se le comunicó a la Cámara Argentina de la Construcción”, según consta en los documentos públicos y en la respuesta por escrito firmada por Juan Chediak, entonces presidente de la institución empresaria.
Se implementó “un procedimiento exclusivo que permitió que Báez cobrara incluso antes del vencimiento de los certificados con dinero de todos los argentinos”, enfatizó el fiscal, cuando a otros proveedores de la obra pública se les abonaban los mismos certificados con “90, 120, 150 días”.
