Política y Economía | Mediante una Resolución la administración de Javier Milei dispuso suspender las horas extras para que en todos los organismos del Estado se reordenen las horas extras de los empleados de todos los organismos que pertenecen a la Administración Pública Nacional.
El gobierno nacional, en su búsqueda por racionalizar los recursos del Estado, ha emitido una resolución que modifica las reglas para asignar horas extras a los empleados de los organismos de la Administración Pública Nacional.
Según la Resolución firmada por Armando Daniel Guibert, titular de la Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública, se requiere ahora una autorización previa para la realización de horas extras, detallando el motivo específico del pedido.
La medida, derivada del Decreto N° 8/2023 firmado por el Presidente Javier Milei al inicio de su mandato, busca reducir costos en un Estado que se considera "sobredimensionado".
Según fuentes de la Jefatura de Gabinete, esta decisión se basa en una auditoría interna que reveló un gasto significativo en horas extras.
La nueva normativa establece que las horas extras solo se asignarán en situaciones excepcionales y previa justificación detallada por parte de autoridades con rango no inferior a Director Nacional.
Estas solicitudes se elevarán a las máximas autoridades administrativas para su aprobación o denegación, y se exigirá un informe mensual sobre la asignación y el impacto presupuestario de estas horas adicionales.
Sin embargo, esta medida ha generado preocupación entre los empleados públicos.
Según testimonios recogidos por Infobae, algunos trabajadores expresan su inquietud ante la disminución de sus salarios, especialmente aquellos que dependen en gran medida de las horas extras para complementar sus ingresos.
Se ha señalado que, en algunos casos, los salarios podrían reducirse significativamente, impactando negativamente en la economía personal de los empleados y sus familias.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que representa a muchos de los trabajadores afectados, ha manifestado su preocupación y está en búsqueda de diálogo con las autoridades para mitigar los efectos de esta medida.
Aunque se han tomado otras acciones de ahorro, como la no renovación de contratos y reducción de gastos en diversas áreas, la implementación de estas nuevas normas para las horas extras sigue siendo un tema de debate y preocupación en el ámbito público.
En conclusión, la resolución busca un uso más eficiente de los recursos del Estado, pero plantea desafíos y preocupaciones para los empleados públicos.
La reacción y las próximas acciones del gobierno y los sindicatos serán clave para determinar el impacto real y las implicaciones a largo plazo de estas medidas.
