Viernes 12 de Enero, 12:54

La CGT denunciará al Gobierno ante la OIT

Política | El Ministerio de Seguridad de la Nación intimó a varios gremios en concepto de pago solidario por los costos operativos ocasionados el 27 de diciembre. La CGT consideró “una nueva provocación del Poder Ejecutivo” dirigida a “acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores” y que llevarán la queja a la OIT.


La Confederación General del Trabajo (CGT) ha levantado su voz contra lo que considera una "provocación" por parte del Poder Ejecutivo para silenciar las manifestaciones y protestas de los trabajadores.

La indignación surge a raíz de las intimaciones del Ministerio de Seguridad, que insta a sindicatos y organizaciones sociales a cubrir los gastos del operativo desplegado durante la protesta cegetista del 27 de diciembre en Plaza Lavalle contra el DNU dictado por Javier Milei.

Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, anunció que elevarán una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Martínez, miembro del Comité de Libertad Sindical de la OIT, asegura que esta medida busca examinar las violaciones a la libertad sindical que promueve el Gobierno. La reacción no se limita solo a la CGT; la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores también presentarán quejas ante la OIT.

Además, se observó una inusual alianza entre líderes de la CGT y diputados del Frente de Izquierda en el Congreso, buscando estrategias para oponerse al DNU de Milei y la Ley Ómnibus.

La CGT, en un comunicado, rechazó contundentemente la intimación del Gobierno, calificándola como una afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional.

Señalan que esta medida refleja la intención gubernamental de desconocer la libertad sindical y el derecho a la protesta. Afirmaron que defenderán los intereses de los trabajadores y trabajadoras, respetando sus derechos a la organización sindical y la manifestación.

Organizaciones como la FeMPINRA también se han sumado a las críticas. Juan Carlos Schmid, su líder, sostiene que la acción gubernamental busca disciplinar a las organizaciones sindicales en un contexto de intento de establecer un gobierno autocrático.