Judiciales | El Dr. Gervasio Labriola rechazó las pretensiones de la defensa de Sergio Urribarri en el caso que se investiga su presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado sostuvo que Urribarri fue funcionario público hasta 2019 y luego retomó sus funciones en embajadas desde 2020 hasta 2022, lo que significa que la prescripción del delito no se aplicó debido a la suspensión de su rol público.
La Resolución del Juez implica que la investigación contra el ex Gobernador Sergio Urribarri continuará, a pesar de que ya ha sido condenado a 8 años de prisión. Urribarri será imputado en una audiencia programada para el 14 de junio, mientras que Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Martínez enfrentarán la imputación el 16 de junio.
El Dr. Labriola respaldó su decisión al afirmar que no fue arbitraria ni infundada, ratificando así lo establecido por el Juez de Garantías, Julián Vergara.
Uno de los argumentos fundamentales considerados por Labriola fue que Urribarri ocupó cargos públicos hasta 2019, incluyendo el de gobernador durante el período 2007-2015 y presidente de la Cámara de Diputados de 2015 a 2019. Luego, retomó sus funciones en Embajadas de Argentina en Israel y Chipre entre 2020 y 2022, lo que suspendió la prescripción del delito.
La defensa, representada por Miguel Cullen y Raúl Barrandeguy, había solicitado la prescripción del delito argumentando que habían transcurrido 7 años de la investigación sin aportar elementos relevantes.
En la audiencia, los Fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano respaldaron la continuación de la investigación.
Labriola rechazó la solicitud de la defensa sobre la violación de "plazos razonables" para la realización de la investigación. El Juez destacó los años en los que Urribarri ocupó cargos públicos, los cuales fueron suspendidos durante un año hasta que asumió su cargo diplomático.
El magistrado hizo referencia a otro caso en el que juzgó y condenó al ex Vicegobernador Héctor Alanís, un proceso que llevó 15 años.
Labriola afirmó que la sociedad tiene derecho a recibir una respuesta de la justicia para conocer lo ocurrido.
En el expediente, se encontró información a través de allanamientos ordenados anteriormente por los Fiscales Santiago Brugo y Yedro.
Estos allanamientos también se llevaron a cabo en Buenos Aires, específicamente en el edificio donde está registrada la empresa Kriptax Inc SA, una sociedad anónima que fue adquirida por el hijo de Urribarri, Mauro, y Sergio Damián Urribarri en 2008.
El caso fue iniciado a raíz de la denuncia de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.
Asimismo, el empresario Diego Cardona Herreros es una figura preocupante en este caso. Este hombre de negocios de origen paraguayo está siendo investigado.
